La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Así, tal y como ha informado en un comunicado la entidad este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.
En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. Además, en el marco de esta operación, denominada ‘Pamplinas Stars’, y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación de este ‘macrotrama’ de defraudación comienza a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual. Así, esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportadas muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.
Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.
Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una “vasta y compleja” estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.
Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación. En este sentido, la entidad ha terminado de explicar que esta mecánica permitía un “rápido aumento” de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.
