La vicepresidenta de Ecuador, María José Pintocuestionó que el reclutamiento de menores en Ecuador aún no esté tipificado como delito, pese al avance del crimen organizado y la violencia criminal que afecta al país.
En una entrevista con EFEPinto advirtió que esta omisión legal dificulta la protección de niños, niñas y adolescentes frente a las bandas criminales que operan en zonas vulnerables.
El reclutamiento infantil, una de las prácticas más graves del conflicto armado interno en Ecuador, mantiene en alerta al Gobierno del presidente Daniel Noboaquien declaró la “guerra” a las organizaciones delictivas.
Según Pinto, Ecuador recién comienza a abordar un fenómeno que otros países, como Colombia, enfrentan desde hace décadas mediante políticas públicas sostenidas.
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Vacío legal frente al uso de niños y adolescentes
Pinto señaló que actualmente no existe en la legislación ecuatoriana un delito específico que permita juzgar el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes.
Este vacío jurídico, explicó, limita la capacidad del Estado para sancionar a quienes incorporan menores a actividades criminales, explotación sexual o trabajo doméstico forzadoprácticas frecuentes en contextos de inseguridad y pobreza estructural.
En el escenario de violencia criminal que vive Ecuador, los niños suelen ser utilizados para cometer delitos en las calles, mientras que las niñas son captadas por redes de explotación. Estos patrones reflejan cómo el crimen organizado se adapta y aprovecha la falta de normas claras para expandir su influencia territorial.
Tres escenarios para enfrentar el enrolamiento infantil.
A mediados de 2025, el Gobierno creó un comité interinstitucional que trabaja sobre tres escenarios estratégicos para erradicar el reclutamiento de menores por bandas criminales.
el cebador se enfoca en adolescentes ya detenidos o vinculados a procesos penales, con una estrategia de rescate y posterior inclusión en servicios del Estado.
el segundo escenario contempla a niños y adolescentes que aún no han tenido contacto directo con la justicia, pero que están de alguna forma vinculados al conflicto armado interno.
el tercer eje, de carácter preventivo, prioriza a menores que viven en zonas identificadas como críticas por la intensidad de la violencia y la presencia de grupos delictivos.
Cifras oficiales y familias vulnerables
En junio de 2025, Harold Burbano, entonces ministro de Inclusión Económica y Social, informó que entre el primer semestre de 2025 entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados por su presunta vinculación con el crimen organizado en Ecuador, según la publicación de EFE.
En el 2024, entre enero y octubre, la cifra alcanzó los 3 086 niños y adolescentes detenidos.
De acuerdo con estimaciones oficiales, existen alrededor de 20 000 familias vulnerables en riesgo, por lo que el Gobierno considera clave fortalecer una política pública de prevención que articule seguridad, educación y desarrollo social, con enfoque territorial y comunitario.
Violencia sin precedentes y acciones de prevención
La vicepresidenta afirmó que el Estado trabaja con organismos internacionales para apoyar a los menores afectados por la violencia criminal, incluyendo casas de acogida para adolescentes y programas de reintegración social.
Además, destacó que se registran desplazamientos internos voluntarios, cuando las familias buscan alejar a sus hijos de zonas dominadas por bandas, lo que a su vez genera problemas de acceso a salud y educación.
¿Qué dice establece el COIP sobre el reclutamiento de menores?
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla actualmente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con multas delictivas en su artículo 369.
Esta norma señala que la persona que, de forma individual o como parte de una estructura criminal, reclute o enliste a menores para que cometan delitos será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años
La pena se agrava cuando el reclutamiento esté vinculado con delitos graves como narcotráfico, delincuencia organizada, trata de personas, sicariato, extorsión, robo o terrorismoasí como delitos contra la vida, la integridad sexual y la propiedad.
