El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue diseñando movimientos financieros para buscar US$ 2.400 millones antes del viernes 9 de enero de 2026día en el que debe afrontar el pago de vencimientos de deuda externa por unos US$ 4.225 millones con acreedores privados, entre ellos grandes fondos de inversión internacionales.
Ese dinero corresponde a bonos reestructurados por última vez en el gobierno de Alberto Fernández y emitidos en las gestiones de Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Fernando De la Rúa y Carlos Menem, entre otros, que también sufrieron previas cesaciones de pagos (defaults) y reestructuraciones que licuaron su valor.
El Tesoro cuenta con aproximadamente US$ 1.800 millones destinados a ese finque sumó con la emisión del Bonar 2029 a principios de diciembre, compras netas en el mercado de cambios dentro de las bandas de flotación cambiaria y las divisas que entran por la privatización de las concesiones de la venta de energía de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.
El Gobierno evalúa alternativas de financiamiento sin recurrir, por ahora, al mercado internacional. Caputo anunció que quiere dejar de “depender de Wall Street” y achicar la exposición a ese riesgo mediante un desendeudamiento neto, justo 8 años después de completar la última emisión de deuda bajo ley de Nueva York, Estados Unidos.
Por eso se acota el menú de alternativas al uso de líneas de REPO bancario (operación de pases pasivos, donde se “empeña” un título con una promesa de recompra más cara a futuro) y nuevas colocaciones en el mercado de deuda localimpulsadas por el superávit fiscal primario y financiero que tiene el gobierno de Javier Milei.
La sanción del Presupuesto 2026 en el Congreso, que significa normalidad institucional por primera vez en esta era, puede contribuir con una baja en el riesgo país, ya que el Gobierno le muestra al mundo -en especial a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional (FMI)-, que es capaz de lograr mayorías parlamentarias y sostener el superávit a toda costa.
En contraste, el frente de la reforma laboral permanece empantanado: la resistencia de la oposición obligó a postergar cualquier avance concreto hasta, al menos, el 10 de febrero, y pone bajo un manto de dudas dónde hasta pueden llegar las reformas que pretende Milei en su segunda mitad del primer mandato para destrabar las inversiones y bajar los costos en la Argentina.
