La Contraloría General de la República detectó “una serie de debilidad de control” tras realizar una inspección del Paso Fronterizo de Colchane (Región de Tarapacá)donde realizó una evaluación de las condiciones operativas, de infraestructura y los sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas.
La inspección, realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá, comenzó a finales de septiembre con la visita en terreno de la contralora general, dorothy perezquien estuvo acompañado de altos representantes de la entidad y fiscalizadores de la dependencia regional.
El objetivo de la fiscalización fue revisar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la administración de los complejos fronterizos para revisar las condiciones operativas y de infraestructura del Paso Fronterizo, entre otras materias.
En ese sentido, el informe identificó “identificó numerosas debilidades que implican riesgo para la seguridad y control de la zona. Entre ella, advirtió la ausencia de unidades especializadas, ya que ni la Policía de Investigaciones (PDI) ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan con equipos técnicos para enfrentar delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, conforme a la Ley N° 20.000″.
“También se detectó dotación de personal insuficiente, ya que el complejo opera con menos funcionarios de la PDI en Policía Internacional de los requeridos y con presencia limitada de Carabineros”, indicó el ente fiscalizador.
“Además, se verificó el paso irregular de personas por el denominado ‘Paso Ancestral’ entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile). Además, se constató que la malla que delimita la frontera presenta deterioro”, complementó.
Acciones instruidas
La Contraloría instruyó a la PDI “acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos. Igualmente, Aduanas deberán aumentar la frecuencia de fiscalización, junto a fortalecer y optimizar el uso del camión escáner”.
Otras acciones que ordenó la entidad implican que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá garantizar el funcionamiento del incinerador y mejorar los procesos. Finalmente, la La Delegación Presidencial deberá coordinar la reposición de equipos y reforzar la infraestructura crítica.
