A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de tráfico para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano. “Eso puede ser un tema que conversamos en unos días”, dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien pidió detalles tras recordar que el gobierno venezolano “no ha confirmado ni desmentido esta información”. Estados Unidos movilizó una flotilla militar al Caribe en agosto y ha bombardeado una treintena de embarcaciones con un saldo de más de 100 muertes. Caracas denuncia que las maniobras buscan derrocar al gobierno de Maduro. Trump ha anunciado desde noviembre que iniciaría ataques en tierra en Venezuela e incluso autorizó operaciones de la CIA en el país caribeño. “Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí”, afirmó Maduro en la entrevista. Ante la ausencia de detalles sobre la ubicación de la operación por parte de Estados Unidos, se especuló en redes sociales que un incendio en los almacenes en Maracaibo (oeste) de Primazol, mayorista de químicos, pudo haber tenido que ver con el ataque. El presidente colombiano, Gustavo Petro, alimentó rumores esos al afirmar que “Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo” en la que, dijo, “mezclan la pasta de coca para hacer la cocaína”. “Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos”, respondió el jefe de la empresa, Eduardo Siu. ¿Diálogo y acuerdos? Maduro reiteró que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, después de confirmar que no ha hablado con Trump desde una conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de “cordial y respetuosa”. Los detalles de aquella llamada no han sido compartidos por ninguna de las partes, pero desde entonces Trump incrementó su presión con el cierre informal del espacio aéreo de Venezuela, aplicar más sanciones y ordenar la incautación de buques sancionados cargados con petróleo venezolano. “Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos”, comentó. Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos. “Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron”. “Donde quieran y como quieran”, afirmó. También propuso la reactivación de un convenio para la deportación de venezolanos indocumentados en vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela, que según Maduro fue cancelado unilateralmente por Washington hace tres semanas. “Ellos hablan del tema de la migración, pero ellos son los que suspendieron el acuerdo de migración (…) Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, podrían perfectamente conversarse”, sostuvo. Excarcelaciones Horas antes de la entrevista, el Ministerio de Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 88 detenidos en las protestas poselectorales de 2024, calificados como fraudulentos por la oposición que reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia. La reelección de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos, de los cuales unos 2.000 han sido liberados, según registros oficiales. A este grupo de 88 se suman otros 99 que el Gobierno liberó con medidas cautelares el 25 de diciembre, aunque oenegés como Foro Penal, que defiende judicialmente a “presos políticos”, solo pudo verificar unos 61 casos en ese momento. Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país. Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión por parte de Estados Unidos. “Pese al contexto de asedio permanente contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral”, alega el Ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado.
