La medida también reforma el decreto de diciembre de 2022 que fomentaba la regularización de vehículos de procedencia extranjera, al precisar que su vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2025. El nuevo decreto entra en vigor el día de su publicación, poniendo fin de manera inmediata a la posibilidad de nuevas regularizaciones bajo ese esquema.
Regularización masiva y cierre del programa
Desde su origen, el programa tuvo como objetivo otorgar certeza jurídica a los propietarios de vehículos introducidos al país sin acreditar su estancia legal, así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía frente al uso de unidades no registradas. El énfasis estuvo en estados con alta migración hacia Estados Unidos y Canadá, donde este tipo de vehículos se consolidó como una opción de acceso a movilidad de menor costo.
Entre 2021 y 2025, los decretos y sus sucesivas modificaciones permitieron regularizar 2 millones 987 mil 839 vehículos, de acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular.
La regularización permitió que estas unidades obtuvieran placas y pudieran circular legalmente en todo el país, incorporándose a los registros oficiales. Para los usuarios, esto significó acceso inmediato a documentación, posibilidad de asegurar los vehículos y reducción del riesgo de sanciones o decomisos.
El Ejecutivo federal sostiene que, con estos resultados, la finalidad original del programa quedó atendida. En los considerandos del decreto se advierte que extender el esquema podría propiciar malas prácticas, como la importación deliberada de unidades irregulares con la expectativa de futuras regularizaciones.
La derogación implica que, en adelante, la importación de vehículos usados deberá realizarse conforme a la Ley Aduanera y demás ordenamientos aplicables. Para los usuarios, esto se traduce en mayores requisitos, procesos más largos y un costo fiscal más elevado para internar legalmente una unidad usada proveniente del extranjero.
Impacto en el mercado y en los usuarios
Para el mercado interno, el cierre del programa representa un punto de inflexión. Durante su vigencia, la entrada masiva de casi tres millones de unidades usadas amplió la oferta de vehículos de bajo precio y presionó segmentos específicos del mercado formal.
Desde la perspectiva de los usuarios, la derogación reduce una vía de acceso a vehículos de menor costo, particularmente en regiones fronterizas y en entidades con alta migración. Esto podría modificar los patrones de compra y aumentar la demanda de autos usados nacionales o de esquemas de financiamiento para unidades más nuevas.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) había advertido que la regularización distorsionaba la competencia y afectaba la recaudación. Para los consumidores, en cambio, el programa funcionó como un mecanismo de incorporación al sistema formal, aunque con unidades de mayor antigüedad y menores estándares ambientales.
Otro de los efectos relevantes es el ambiental. Una proporción significativa de los vehículos regularizados corresponden a modelos antiguos, con tecnologías de control de emisiones rezagadas, lo que incidió en la calidad del aire y en los costos sociales asociados a la contaminación.
En materia de seguridad vial, la circulación de unidades con historial desconocido planteó riesgos adicionales para los usuarios y para terceros, tanto por condiciones mecánicas como por la falta de información completa sobre accidentes previos.
El gobierno federal reconoce que el programa atendió una necesidad social concreta al otorgar certeza patrimonial a familias de menores ingresos. Sin embargo, considere que su permanencia habría perpetuado un parque vehicular más viejo y menos seguro.
“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual desde 2011 implica reglas más claras”, dijo la AMDA en un comunicado.
El sector privado ha planteado la necesidad de programas de renovación vehicular que permitan a los usuarios transitar hacia unidades más eficientes, con incentivos fiscales o esquemas de chatarrización.
Otro pendiente es el fortalecimiento del Registro Público Vehicular como base de datos confiable y actualizado, que ofrecerá certeza tanto a autoridades como a usuarios sobre la legalidad y trazabilidad de las unidades.
