Más allá de su espectacularidad, la captura y extracción de Nicolás Maduro este sábado en la madrugada siguió generando un intenso debate tanto en EE.UU. UU. como en el mundo en torno a la base legal -y los razonamientos- que usamos la administración de Donald Trump para lanzar el audaz operativo.
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Y si bien se trata de una controversia que seguirá por meses -si no años-, es poco probable que tenga impacto en la corte distrital del sur de Nueva York, a donde llegó el líder venezolano este domingo y que a partir de este lunes tendrá en sus manos la suerte tanto del exmandatario como de su esposa, Cilia Flores.
Aunque una mayoría de expertos coinciden en que Trump probablemente violó normas y convenios internacionales (de paso generando un peligroso precedente), esos argumentos serían inocuos ante la justicia estadounidense y la jurisprudencia que ya existe para este tipo de casos.
De acuerdo con fuentes familiarizadas con el proceso, Maduro y Flores tendrán su primera comparecencia oficial este lunes ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. El caso fue asignado al juez Alvin Hellerstein, un magistrado veterano de 92 años, nominado por el presidente Bill Clinton. con una larga trayectoria en casos de alto perfil y complejidad constitucional.
Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA. Foto:archivo particular
Curiosamente, Hellerstein, que manejó el caso de Hugo ‘Pollo’ Carvajal, fue también uno de los jueces que el año pasado bloqueó los intentos de la administración Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar de forma expedita a migrantes venezolanos, una decisión que actualmente se encuentra bajo apelación. Según el juez, la ley era inaplicable porque EE.UU. No estaba en guerra con Venezuela.
Esa coincidencia, sin embargo, le añade una capa adicional de simbolismo y tensión jurídica al nuevo proceso que ahora encabeza.
Ante Hellerstein, Maduro deberá responder por cuatro cargos federales que la fiscalía volvió a presentar y formalizó este domingo mediante una acusación sustitutiva.
Entre ellos figuran la conspiración de narcoterrorismo, la conspiración para importar cocaína a EE.UU., así como cargos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos en el marco de esa red criminal.
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La acusación sostiene que Maduro, su esposa y miembros de su círculo íntimo se enriquecieron ilegalmente al facilitar el tráfico masivo de cocaína hacia territorio estadounidense, colaborando con organizaciones armadas calificadas como narcoterroristas, como las extintas Farc.
Según el documento judicial, altos funcionarios del régimen venezolano se convirtieron al país en una clave del trasiego internacional de drogas, garantizando protección política y logística a los traficantes a cambio de una parte de las ganancias. Esos recursos, sostiene la fiscalía, fueron utilizados para mantener y reforzar el poder político del chavismo, alimentando una estructura de corrupción sistémica que operó durante años con total impunidad.
Desde la Casa Blanca, la administración Trump ha tratado de marcar la captura de Maduro como una acción eminentemente de aplicación de la ley. Aunque el propio Trump mencionó públicamente al petróleo venezolano como uno de los motivos que justificaban la intervención -un argumento que podría generar fricciones legales al no formar parte de la acusación-, el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios insistieron en que el objetivo central fue la captura de dos prófugos de la justicia estadounidense.
Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición. Foto: X: Casa Blanca
Bajo esa narrativa, las Fuerzas Armadas habrían accionado únicamente como apoyo logístico y operativo del Departamento de Justicia para ejecutar una orden de arresto pendiente desde 2020.
“En esencia, se trató del arresto de dos fugitivos acusados formalmente por la justicia de EE.UU.”, afirmó Rubio, subrayando que Maduro ya enfrentaba cargos desde el primer mandato de Trump y que su permanencia en el poder lo había blindado frente a cualquier intento convencional de extradición.
La nueva acusación, además, amplía el alcance del caso al incluir formalmente a Cilia Flores, quien no figuraba como coacusada en el expediente original presentado hace cinco años.
No obstante, esta interpretación ha sido duramente cuestionada por expertos en derecho internacional y por legisladores estadounidenses, que advierten sobre las implicaciones de asumir que una acusación penal basta para justificar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero.
Jeremy Paul, profesor de derecho en la Universidad de Northeastern, calificó la justificación de la administración como “una teoría aterradora”, al anunciar que “básicamente se está diciendo que un fiscal federal y un gran jurado son todo lo que se necesita para justificar el envío del Ejército estadounidense a otro país. Esa no puede ser la ley”.
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También en el Congreso estadounidense han surgido críticas por el hecho de que Trump no solicitó una autorización previa para el uso de la fuerza.
Una de las voces más duras fue la del senador demócrata Mark Warner, de Virginia, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, quien advirtió que la decisión sienta una “patente de corso” extremadamente peligrosa.
“Si EE.UU. se atribuye el derecho de usar la fuerza militar para invadir otro país y capturar a un líder extranjero al que acusa de conducta criminal, ¿Qué impide que China reclame la misma autoridad sobre el liderazgo de Taiwán? ¿O que Vladimir Putin invoca una justificación similar para secuestrar al presidente de Ucrania? Una vez que se cruza esta línea, las reglas que contienen el caos global comienzan a colapsar, y los regímenes autoritarios serán los primeros en explotarlo”, sostuvo el Senador.
Pese a la gravedad de estas críticas, los mismos expertos subrayan que es muy poco probable que tenga peso alguno en el proceso judicial que ahora comienza en Nueva York. La razón es la sólida jurisprudencia estadounidense que establece que la forma en que un acusado es llevado ante la corte no invalida la jurisdicción del tribunal. Este principio se remonta a una línea de fallos de la Corte Suprema desde finales del siglo XIX y fue reafirmado en casos contemporáneos.
“No se puede alegar que uno fue secuestrado para impedir que una corte ejerza jurisdicción sobre el acusado. Aun si se demostrara una violación al derecho internacional, ello no impediría que el caso avance en un tribunal federal estadounidense”afirma Geoffrey Corn, director del Centro para la Ley Militar de la Universidad Tecnológica de Texas y exasesor jurídico principal del Ejército de EE.UU. UU.
Manuel Noriega escoltado a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EE. UU.
El precedente más citado es el del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, capturado por fuerzas estadounidenses durante la invasión a Panamá en 1989. El jurista Jack Goldsmith, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard y exjefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia durante el gobierno de George W. Bush, recordó que argumentos similares fueron esgrimidos entonces y desestimados por los tribunales, que confirmaron la potestad de EE.UU. para juzgar a Noriega.
El mandatario fue condenado en 1992 por cargos de narcotráfico y sentenciado a 40 años de prisión, una decisión que consolidó la doctrina de que la ilegalidad de la captura es secundaria frente a la gravedad de los delitos imputados.
En esa misma línea, especialistas en derecho penal y militar coinciden en que, aunque Maduro probablemente se declarará inocente y argumentará ante el juez y el eventual jurado que fue secuestrado en violación del derecho internacional, ese alegato no tendrá mayor impacto. La cuestión central para la corte será si la fiscalía logra probar, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen.
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De hecho, la defensa de Maduro podría ni siquiera tener margen para insistir en el argumento del secuestro, que previsiblemente será desechado en las etapas iniciales del proceso. Sus abogados deberán concentrar toda su estrategia en desmontar la narrativa de la fiscalía: demostrar que Maduro no fue el capo del narcotráfico que describen los fiscales, cuestionar la credibilidad de los testigos cooperantes y abrir grietas en la evidencia documental y financiera que se presenta en su contra.
Si el jurado acepta los argumentos de la acusación y declara culpable a Maduro por los cuatro cargos, el exmandatario venezolano podría enfrentar décadas tras las rejas en una prisión federal estadounidense, una condena que, en la práctica, equivaldría a pasar el resto de su vida en la cárcel.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
