Venezuela no cayó en el caos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tampoco continuó funcionando con normalidad. Lo que emergió fue un orden estrategica de emergenciaahora respaldado no solo por el control militar, sino por una decisión formal del Tribunal Supremo de Justicia. Ese giro jurídico redefine el tablero.
el TSJ ordenó que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia encargadainvocando la necesidad de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral del Estado. Con ello, el chavismo cerró una grieta clave: la del vacío legal. Rodríguez ya no ejerce únicamente poder efectivo; ejercer poder reconocido por la institucionalidad que controla. El debate dejó de ser si gobierna, para pasar a ser cómo y para qué gobierna.
‘El desenlace no dependerá solo de esa estabilidad. Dependerá de si Estados Unidos logrará transformar una acción de fuerza jurídicamente cuestionada en un proceso político creíble y multilateral.
Ese encargo presidencial se apoya en dos pilares. El primero es el control de la Fuerza Armadacondición indispensable para evitar la fragmentación y el colapso inmediato. El segundo es la activación del Consejo de Defensa de la Naciónórgano que permite centralizar decisiones, movilizar a la milicia y tomar control directo de infraestructuras estratégicas. No es casual que los sectores que no se detuvieron hayan sido los puertos, el comercio exterior —aunque a medias— y, sobre todo, la industria petrolera. Escuelas y bancos reabrirán de forma escalonada. La prioridad fue clara: ingresos, territorio y control.
Con estos elementos, Venezuela entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de un orden de facto que evita el caos, sino de un orden con legalidad internaaunque construido en condiciones excepcionales. Ese orden abre dos caminos posibles. El primero es una transición efectivaen la que la presidencia encargada funciona como puente hacia elecciones verificables y una recomposición institucional. El segundo es que esa misma legalidad sirva para dar oxigeno al chavismoprolongando el poder bajo el argumento de la excepcionalidad permanente.
Aquí entra el factor externo que puede inclinar la balanza. La operación militar de Estados Unidos, presentación como inicio de una transición, arrastra un grave problema de legalidad internacional y constitucional interna. Donald Trump no solicitó autorización al Congreso para atacar a Venezuela, lo que ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos. Ese flanco debilita la narrativa de transición y fortalece el discurso chavista de agresión y secuestro del jefe de Estado.
La paradoja es evidente: mientras la legalidad interna se recompone en Caracas, la legalidad externa se erosiona en Washington. Esa tensión puede bloquear la transición o convertirla en un proceso administrado indefinidamente por quienes hoy detiene el poder.
Venezuela no está paralizada ni normalizada. Está contenido. Con una presidenta encargada formalmente designada, con control militar y con sectores estratégicos en funcionamiento, el país evitó el colapso. Pero el desenlace no dependerá solo de esa estabilidad. Dependerá de si Estados Unidos logra transformar una acción de fuerza jurídicamente cuestionada en un proceso político creíble y multilateral. Si no, la transición corre el riesgo de convertirse, una vez más, en el mecanismo que permitió al poder sobrevivir bajo otro nombre.
