La embajadora de España ante la Organización de Estados Americanos intervino en la sede del organismo en Washington para fijar una posición crítica frente a la actuación de Estados Unidos en Venezuela, en una sesión marcada por la tensión diplomática y por la inquietud. … de varios países ante el alcance del giro impuesto desde la Casa Blanca. Sin mencionar de forma expresa a la Administración Trump, España puso en duda la legalidad de la intervención y advirtió de sus consecuencias para el orden internacional y la estabilidad continental.
Carmen Monton afirmó ante el Consejo Permanente, convocado de urgencia, que la «profunda preocupación por lo ocurrido en Venezuela» obliga a recordar los principios básicos del derecho internacional. «El respeto a la soberanía ya la integridad territorial es esencial. Lo ocurrido constituye un precedente muy preocupante para la paz regional», señaló. Subrayó además que «debe ser la voz del pueblo venezolano la que marque el destino de Venezuela» y defendió que España trabajará por «unir a los venezolanos, apostar por el diálogo y la paz», al tiempo que advirtió de que «la fuerza no trae más democracia».
La intervención española se produjo apenas días después de que Donald Trump ordenara la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa de Venezuela, el 3 de enero, y de que ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. España es un país observador en la OEA, y tomó la palabra con el bloque de China, la Unión Europea, Suiza y otros.
La sesión sirvió también para que otros países denunciaran lo que calificaron como años de pasividad de los organismos regionales frente a la dictadura de Maduro. Varias delegaciones coincidieron en que la OEA y otros foros multilaterales no lograron frenar a tiempo las violaciones sistemáticas de derechos humanos, el vaciamiento institucional y la expansión del crimen organizado, lo que permitió, a su juicio, la consolidación del régimen durante más de una década.
Argentina fue uno de los ejemplos más explícitos de ese reproche. Su embajador sostuvo que la «diplomacia del silencio» frente a prácticas que muchos ya consideraban terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad pusieron en cuestión el sentido mismo de la organización. Según Buenos Aires, esa inacción colectiva contribuyó a agravar la crisis y acabó desembocando en la adopción de extraordinarias, como el operativo liderado por Estados Unidos, ante una amenaza que ya desbordaba las fronteras venezolanas.
En su discurso, el representante español insistió en que cualquier actuación internacional debe ajustarse estrictamente a la legalidad internacional y reivindicó los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. En ese marco, España subrayó que el precedente abierto en Venezuela no es un asunto aislado y tiene implicaciones directas para la región y para el sistema internacional en su conjunto.
Montón alineó además su posición con un comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, que reafirma que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Ese texto calificó lo sucedido en Venezuela como «profundamente preocupante» para la paz y la seguridad regional y recordó que los recursos naturales del país forman parte de su soberanía, en una referencia implícita a las declaraciones estadounidenses sobre el control del petróleo venezolano.
España señaló que comparte la prioridad de combatir el crimen organizado transnacional en la región, pero recalcó que esa lucha solo puede desarrollarse mediante la cooperación internacional y el respeto a la legalidad, como la que se mantiene con los países de América Latina y el Caribe. Con ello, marcó distancia frente a cualquier enfoque unilateral o coercitivo que, a su juicio, debilita los mecanismos multilaterales.
La embajadora también recordó que España no reconoce las elecciones venezolanas por considerar que fueron fraudulentas y mantiene una condena firme de las amenazas contra los derechos humanos, la persecución de líderes opositores y los abusos cometidos contra la ciudadanía. No obstante, subrayó que esa posición no justifica que el futuro político de Venezuela sea impuesto desde el exterior.
En ese sentido, defendió que la salida a la crisis venezolana debe ser pacífica, democrática y acordada entre los venezolanos. La paz, la estabilidad, la democracia, el progreso y la justicia social, concluyó, «no pueden imponerse por la fuerza», sino que solo pueden surgir de un diálogo amplio e inclusivo en el que sea el propio pueblo venezolano quien marca el rumbo del país.
