Los empresarios catalanes están divididos con el nuevo modelo de financiación autonómica. Foment del Treball valoró ayer el acuerdo con una dura crítica al considerar que había faltado ambición, mientras que el resto de organizaciones, como Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Col·legi d’Economistes de Catalunya o FemCat ofrecieron lecturas positivas o, al menos, cautelosas respecto a los avances presentados.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, consideró “claramente insuficiente” la propuesta porque no resuelve los déficits históricos y estructurales que tiene Catalunya en su financiación. A falta de conocer los detalles, la patronal afeó al Gobierno y ERC que no se haya incluido la recaudación y la gestión de todos los impuestos en la Agència Tributària de Catalunya y que tampoco se ciega el principio de ordinalidad.
Sánchez Llibre considera “claramente insuficiente” la propuesta
Sánchez Llibre indicó que, “si bien es positivo para Catalunya acceder a más financiación, no vemos el cambio de modelo que hace falta para mejorar la financiación y las inversiones en infraestructuras”. “Estos 4.700 millones serán bienvenidos, y esperamos que estos ingresos sirvan para reducir impuestos e implementar políticas públicas que ayuden a la mejora de la productividad”, añadió.
Por su parte, Pimec valoró positivamente los avances, especialmente el incremento de la participación de las comunidades autónomas en los principales impuestos. La principal crítica se centra en la ordinalidad. Aunque el Govern reconoce que, en el caso de Catalunya, el criterio se mantiene dentro de la arquitectura del modelo, la patronal presidida por Antoni Cañete considera imprescindible que tenga rango legal.
La organización de pymes considera que los cambios van en buena dirección para corregir la infrafinanciación estructural, aunque reconoce que, incluso en el escenario de cumplimiento íntegro del acuerdo, el déficit fiscal de Cataluña seguirá siendo muy elevado. Entre las mejoras, Pimec destacó el nuevo mecanismo de la recaudación del IVA, que permite a las autonomías optar por quedarse con la parte del impuesto generado por el consumo o con la vinculada a las pymes.
La Cambra valoró positivamente la reforma porque representa una mejora cuantitativa y cualitativa respecto al modelo actual. Sin embargo, la entidad presidida por Josep Santacreu lamentó que no se recojan demandas históricas, como unos porcentajes superiores de cesión del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas, una mayor transparencia en las balanzas fiscales, la garantía sobre la ordinalidad, y tener en cuenta el diferencial de coste de vida entre los territorios. La Cámara espera que se puedan introducir mejoras en el trámite parlamentario.
El presidente de los economistas, Carles Puig de Travy, defendió el acuerdo. “El modelo actual debe cambiar porque las necesidades son evidentes: las comunidades autónomas están infrafinanciadas”, aseguró. El economista valoró positivamente la apuesta por la ordinalidad, pese a que no quedó ciega por ley. “La eliminación de los fondos de financiación que distorsionaron el reparto final es una buena noticia”, dijo.
Por su parte, el presidente de FemCat, Oriol Guixà, fue más prudente en su análisis, aunque se mostró esperanzado. “A primera vista, parece interesante, pero antes de posicionarnos queremos ver el conjunto”, afirmó.
