El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las asambleas de copropietarios para que tomen en cuenta el índice de inflación de 5,10 por ciento y no el incremento del salario mínimo de 23 por ciento a la hora de elevar las cuotas de administración que pagan los residentes de conjuntos y edificios.
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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
“Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Rechacen cualquier propuesta de elevar el salario vital al costo total de la administración. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio.”, señaló el mandatario.
En ese sentido, la experta Nora Pabón ha asegurado en El Tiempo que el incremento no siempre es con el mínimo, sino con lo que establece el reglamento.
“Si el reglamento establece que el presupuesto se incrementa con el mínimo, no se puede desconocer, por lo cual es necesario y revisar algunos gastos para ajustarlo”, señala en una de sus columnas.
En la actualidad, la ley no indica que el aumento debe estar atado al mínimo oa la inflación, sino que es la asamblea general de propietarios la que decide.
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La experta añade: “en cuanto a recortes del personal de vigilancia es muy importante avaluarlo pues al hacerlo se estaría disminuyendo la seguridad; la tecnología es un complemento, pero no remplaza totalmente la reacción inmediata de la vigilancia humana y otros beneficios de esta. Por otra parte, la SIC se ha pronunciado en el sentido de que la vigilancia humana no se puede remplazar totalmente por la tecnología, que es complementaria de aquella. Se deberán más bien revisar y reducir otros gastos”.
Conjuntos residenciales. Foto:iStock.
En los últimos días, la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico expresó su preocupación por los efectos económicos y jurídicos que traerá el ajuste salarial y, de acuerdo con su análisis, los contratos de vigilancia privada podrían incrementarse entre 18 y 25 por ciento.
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Esto se traduce, según la Lonja, en un alza promedio de las cuotas de administración entre 12 y 20 por ciento, dependiendo del nivel de dependencia que tenga cada conjunto residencial de estos servicios.
