El exceso de leyes nunca ha gustado al Gobierno de Ayuso. La presidenta regional quiere las normas justas. Ni una más, ni una menos. En lo que va de legislatura, la Asamblea de Madrid ha aprobado 23 leyes y el año pasado solo fueron siete … incluidos los Presupuestos y una reforma del Reglamento de la Cámara. Ahora, el Consejo de Gobierno Tiene previsto impulsar este miércoles un decreto para poner fecha de caducidad a las leyes de carácter organizativo, en un intento de simplificar y aclarar el escenario legal general y reducir así la burocracia.
De momento, el Gobierno de Ayuso, en su primera reunión del año 2026, conocerá este proyecto de decreto que también establecerá la obligación de evaluar el resto de las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia. «Esta medida permitirá a los madrileños disponer de un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que les aporte mayor seguridad», explican desde la Comunidad.
El decreto se aprobará, previsiblemente, en este primer semestre del año, establece la obligatoriedad de llevar a cabo al menos una evaluación ‘ex post’ de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor, salvo en aquellos casos con rango de ley que determine otro plazo. En ese examen se verificará si las medidas han alcanzado los objetivos previstos o si es necesario hacerles ajustes.
Además, se establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulan la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurridos los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ‘ex post’, se estime necesario mantenerlas. Algunos ejemplos de normas que caducarían son los decretos por los que se crean la Comisión Permanente de Selección, el Consejo para el Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.
Al mismo tiempo, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el período de un año, desde la puesta en marcha del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, con el objetivo de priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo.
Esta iniciativa «responde al compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una Administración más eficaz y orientada al ciudadano», subrayan fuentes autonómicas en un comunicado. La medida, que figuraba en el programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico en el último Debate sobre el Estado de la Región.
La reducción del exceso de regulación tiene como objetivo «impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos». «El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas ye inversores», explican en la Comunidad.
