El patio del centro cultural tiene plantas grandes en macetas, paredes gastadas y mesas de madera rodeadas de sillas. Son las tres y media de la tarde del lunes 5 de enero, y el ruido del tránsito de la calle 56 llega amortiguado. Apenas 500 metros separan a este lugar del edificio del Senado de la provincia de Buenos Aires, donde —según denunciaron— comenzaron los abusos sexuales que marcaron sus vidas.
La causa judicial de las que las víctimas hablan por primera vez tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal”: violación. La investigación sostiene que una parte de los ataques sexuales se habría producido dentro del propio Senado, concretamente en la oficina 007, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo. La sola mención de ese espacio configuró desde el inicio un escenario institucional explosivo: no solo se investigan delitos aberrantes, sino la presunta utilización de instalaciones estatales para cometerlos. Por la investigación hoy están detenidos Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente.
Cerca de ese edificio, pero a resguardo y al aire libre, las tres mujeres ofrecen su testimonio, aunque con sus identidades preservadas. No hay cámaras ni fotos. tampoco nombres. Las tres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, y por eso se impone la reserva.
Dos hijos menores de treinta años y una apenas los superatrabajan y estudian —o lo intentaron—, y provienen de sectores populares y de clase media. Se acercaron a la política desde la militancia, con una convicción compartida: transformar la realidad. No imaginaron que ese camino terminaría, según sus denuncias, en una trama de abuso, manipulación y silencio en una de las instituciones centrales del poder político bonaerense.
La detención de los acusados, el 29 de diciembre de 2025, marcó un antes y un después. “Estamos fuertes”, dicen. “Sentimos que volvimos a vivir”.
Los acusados y el contexto político.
Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz están detenidos y procesados en una de las causas que tramitaron en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron líderes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio político kirchnerista que se desprendió de Unidos y Organizados. Con el tiempo, La Capitana pasó a integrarse al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ambos tenían roles de conducción política y de formación militante.
Rodríguez, además, fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual —según surge de la investigación— habría captado al menos a una de las víctimas. En la causa también se lo señala como líder de la presunta secta “La Orden de la Luz”una organización que, de acuerdo a las pesquisas judiciales, para comunicarse utilizaba correos electrónicos con lenguaje encriptado.
Las víctimas son asistidas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes las representan en las distintas investigaciones penales. Las hipótesis de los abogados plantean un mecanismo reiterado: captación a través de militancia política, promesas de acompañamiento, inserción laboral estatal, contratos con altos ingresos y exigencia de devolución de parte del salario “para tareas militantes”. Una relación de poder asimétrica que, según las denunciantes, se convertía en sometimiento.
Militancia, confianza y abuso de poder
La más joven tiene 27 años. Es licenciada en Ciencia Política, trabaja en el Senado bonaerense y es oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a militar siendo adolescente. Tenía entre 18 y 25 años cuando, según su denuncia, ocurrieron los hechos.
“Llegamos a la agrupación desde un lugar muy genuino”, dice, mientras sostiene el mate con las dos manos. “Creíamos en la militancia, en la organización, en la política como una herramienta para cambiar las cosas”.
Habla espacio. Explica que el abuso no fue solo físico. “Hubo un aprovechamiento de nuestras convicciones. No fue solo el cuerpo, fue la cabeza, la moral”. Para ella, el daño tuvo incluso una dimensión espiritual. “Se intentó pervertir algo que para nosotras era sagrado, el compromiso militante”.
De Ringuelet al Senado
La segunda mujer tiene 29 años, es de Ringuelet, trabaja en el Senado y estudia. Cuando ocurrieron los abusos tenía entre 18 y 21 años. Su historia está atravesada por el esfuerzo de sostener la militancia y el trabajo al mismo tiempo.
“Al principio sentís que te ven, que confiaste en vos, que te abren puertas”cuenta. “Todo parece una oportunidad”.
Con el tiempo, esa cercanía se transformó en miedo. “No entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba mal. Y cuando quise decirlo, ya estaba atrapada”. Habla de la asimetría de poder, de la dependencia laboral, del temor a quedarse sin trabajo o quedar señalada. “No era solo el abuso. Era el silencio, la presión, todo lo que venía después”.
Una vida que quedó en pausa
La tercera mujer es la mayor: 31 años, platense, hoy trabaja en una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Estudiaba Trabajo Social, pero abandonó la carrera mientras sucedían los hechos. Tenía 20 o 21 años cuando comenzaron los abusos.
“Yo era una piba llena de proyectos”, dados. “Estudiar, militar, ayudar a otros”. Todo eso se fue apagando. “Nunca pude volver a sentirme segura. Viví con miedo durante muchos años”.
Su voz no tiembla. “La detención fue un alivio. Sentí que algo se acomodaba dentro mío”, explica. “No borra lo que pasó, pero nos devuelve un poco de aire”.
El silencio, la justicia y lo que viene.
Las tres coinciden en que callaron durante años. Por vergüenza, miedo y desconfianza en el sistema judicial. En una de las investigaciones, según explicó el abogado Ignacio Fernández Camillo, hubo de seguridad que no se respetaron y un abordaje que no fue el adecuado. Aun así, decidió seguir adelante.
Hoy, con los acusados detenidos y procesados, dicen sentirse más fuertes. Hablan de alivio, de descanso, de volver a proyectar. “Después de tanto tiempo, sentimos que volvimos a vivir”, repiten.
También sostienen que hay más víctimas. “Sabemos que no somos las únicas”aseguran. Por eso hablan ahora. No buscan exposición ni revancha. Quieren que la Justicia avance y que otras mujeres no atraviesen lo mismo.
El mate se enfría, las voces bajan. A pocos metros, el Senado bonaerense sigue en pie. Ellas se levantan, se abrazan antes de irse. No pidan compasión. Piden algo elemental y profundo: que se las escuche y que se les crea.
