Varios agentes de la Ertzaintza han irrumpido este miércoles en dependencias del Ayuntamiento de Getxo a fin de recabar información relacionada con el ‘caso palacete’. Estos registros se han llevado a cabo por orden de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que investiga el derribo total hace año y medio de un palacete levantado hace 180 años y protegido a nivel patrimonial. Dos concejales del Ayuntamiento, ambos del PNV, están presuntamente relacionados con la constructora que iba a edificar 12 viviendas de lujo en el solar del palacete.
Los registros se han llevado a cabo a lo largo de toda la mañana en diferentes dependencias del Ayuntamiento de la localidad y, sobre las 13:00 horas, tres agentes se han dirigido a la comisaría cercana de la Ertzaintza con varias cajas de información relacionada con el caso.
El Ayuntamiento de Getxo, gobernado por el PNV, en coalición con el PSE, ha señalado que está “prestando colaboración activa y plena” en la investigación sobre el derribo del palacio protegido Irurak Bat. “Se ha accionado conforme a la legalidad en lo que depende del Ayuntamiento. No nos consta ninguna irregularidad”, ha subrayado la alcaldesa, Amaia Agirre.
Las claves del caso
El conocido como ‘caso palacete’ está relacionado con el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, levantado en 1845 en la calle San Nicolás del barrio de Algorta. La edificación contaba con un grado de protección a nivel local que permitía un derribo parcial, aunque no total, y la Justicia investiga si las autoridades pudieron haber cometido un presunto delito de prevaricación al permitir su demolición total.
Por un lado, se investiga si funcionarios o políticos prevaricaron, adoptando decisiones a sabiendas de su ilegalidad. Por otro, se analiza un posible delito contra el patrimonio histórico por haber derribado el palacio en su integridad, cuando la protección del inmuele y el informe municipal obligan a mantener una parte del mismo.
Agentes de la Ertzaintza han registrado el edificio de Santa Clara donde se encuentran las oficinas del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo.
El objetivo de la demolición era dejar el solar libre para la edificación de 12 viviendas de lujo, a través de la cooperativa Ereaga Atalaya. Y la clave es que en esta cooperativa participaban los concejales del PNV en el Ayuntamiento de la localidad Inazio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez. Ambos ediles son pareja, y son los responsables de las áreas de Hacienda e Intervención, y de la de Cultura y Euskera, respectivamente.
Agentes de la Ertzaintza, a la salida de su registro en el edificio de Santa Clara donde se encuentran las oficinas del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo.
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha trasladado “un mensaje de transparencia y responsabilidad institucional”. “El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios”, ha afirmado.
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Asimismo, ha señalado que, cuando se derribó parte del edificio “sin el permiso” correspondiente, “se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa”. “Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa”, ha indicado.
Derribo sin licencia
Un informe municipal señalaba un ahorro de 730.000 euros por derribar del todo el palacete
EH Bildu dio a conocer este verano la existencia de un informe municipal que reconocía cómo el derribo total del palacete Irurak Bat ahorraba a la constructora más de 730.000 euros, en comparación con el derribo parcial. Y es que la protección del edificio exigía el mantenimiento de algunas partes del palacete, si bien eso encarecía los gastos de construcción para la constructora, en la que participa los dos concejales. Dicho informe, elaborado por un técnico del Ayuntamiento de Getxo, estimaba que la rehabilitación del edificio histórico manteniendo algunas partes conllevaría un gasto aproximado de 3,2 millones de euros, frente a los 2,5 millones que implicará su construcción tras el derribo total. En marzo del año pasado el Ayuntamiento sancionó con 50.000 euros a la cooperativa, a la constructora, al director de obra y al arquitecto por derribar las cuatro fachadas del edificio sin la licencia pertinente.
