La Procuraduría General de la Nación anunció que inició un seguimiento preventivo al proyecto del Gobierno Nacional que plantea modificar el sistema de fijación del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), pasando del cálculo en salarios mínimos legales mensuales vigentes a un valor expresado directamente en pesos colombianos.
LEA TAMBIÉN
Tras el anuncio oficial de esta iniciativa, el ente de control envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el que solicita información técnica detallada. La actuación se da, según explicó la entidad, por el alcance social, económico y contractual que podría tener la medida para los hogares que accedan a este tipo de vivienda y para los actores del sector constructor.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la modificación del esquema vigente podría abrir la puerta a riesgos normativos, contractuales, financieros y socialescon eventuales consecuencias como demandas judiciales o incumplimientos contractuales en proyectos VIS en desarrollo.
Entre los puntos planteados por el Ministerio Público está la necesidad de Definir con precisión el régimen de transición para los proyectos y promesas de compraventa que ya se encuentran en curso.así como fortalecer los mecanismos de protección al consumidor de vivienda. También se busca que exista coherencia entre el precio final de los inmuebles, los subsidios estatales y los esquemas de financiación, con el objetivo de evitar desajustes que dificulten el cierre financiero de las familias beneficiarias.
El precio máximo de la VIS en 2026 sería de 235,8 millones de pesos, según el tope vigente. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Propuesta del Gobierno y topes establecidos
El seguimiento de la Procuraduría se produce en un contexto en el que el Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto, luego del aumento del 23 por ciento del salario mínimoen el que se propone que la VIS se comercialice en pesos y no en salarios mínimos. El documento mantiene el tope máximo equivalente a 135 salarios mínimos.
El borrador establece de manera expresa que “Toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos, el cual constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización”.
Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo fija que el valor de la VIS no puede superar los 135 salarios mínimoslo que para 2026 representa 235,8 millones de pesos, frente a los 192 millones de pesos de hace un año. En ciudades con más de un millón de habitantes, como Bogotá, Medellín o Cali, el límite es de 150 salarios mínimos, equivalente a 262 millones de pesos, una cifra superior a los 213 millones de pesos establecidos para 2025.
En ciudades con más de un millón de habitantes, el valor podría llegar hasta 262 millones de pesos. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
En el caso de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), la normativa vigente señala un tope de 90 salarios mínimos, que en 2026 corresponde a 157 millones de pesos, un incremento del 23 por ciento frente a los 128 millones de pesos del año anterior.
El proyecto de decreto también señala que, una vez pactado el valor, este no podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática ligados al salario mínimo. Además, precisa que “Solo podrán realizarse ajustes al precio en pesos colombianos cuando existan motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y que estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE), elaborado por el Dane”.
Ante este panorama, la Procuraduría General convocó una mesa técnica interinstitucional para el próximo 28 de enerocon el fin de analizar de manera preventiva los impactos del proyecto de decreto y promover una implementación coordinada de la política pública de vivienda entre las entidades competentes.
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un informe de la Procuraduría General de la Nación.
