Pemex: control estatal reforzado bajo presión financiera
Pemex, en México, siguió una ruta distinta. Fue creada en 1938 durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas como resultado de la expropiación petrolera. La nacionalización la convirtió en la única compañía facultada para explotar y administrar los yacimientos de petróleo en el territorio mexicano, lo que implicó la ocupación de instalaciones de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses.
En febrero de 1971 se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que la definió como un organismo público descentralizado del gobierno federal, con el objetivo de realizar actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano de petróleo, gas natural y sus derivados, así como de materias industriales básicas.
En julio de 1992 se abrogó la ley de 1971 y se dio paso a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mediante la cual se crearon cuatro empresas subsidiarias descentralizadas, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica.
(Presidencia/Cuartoscuro)
En 2013, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, una nueva reforma energética volvió a modificar la naturaleza de Pemex, transformándola en una empresa productiva del Estado. Con ello se inició un proceso de apertura de la industria petrolera a la inversión privada, mediante un esquema que buscaba neutralizar las ventajas monopólicas de la petrolera nacional y colocarla en condiciones de competencia frente a los operadores privados.
En ese contexto surgieron las rondas petroleras, a través de las cuales se asignaron 103 contratos en áreas terrestres y marinas, con el objetivo de incrementar las reservas petroleras y elevar la producción nacional, de acuerdo con información de la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Paralelamente, se desaparecieron importantes escándalos de corrupción. En 2016 se dio a conocer el caso Odebrecht, en el que la empresa brasileña del mismo nombre fue señalada por otorgar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, un cambio de contratos para la construcción de ductos y obras en refinerías.
En 2018, tras obtener el triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de impulsar una nueva reforma energética para devolver a Pemex ya la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresas públicas y restituir al Estado el control exclusivo de los recursos energéticos, un proceso que entonces fue descrito como una nueva nacionalización.
(AFP)
Hacia finales de 2024, la administración de Claudia Sheinbaum concretó una reforma energética que desarrolló a Pemex su carácter de empresa pública con servicio social y desarrolló nuevas reglas para la participación de privados. Aunque se mantienen los contratos y la posibilidad de que empresas privadas realicen actividades de exploración y producción, estas se bajo desarrollan un control puntual del Estado a través de los llamados contratos mixtos.
En ese esquema, Pemex conserva al menos 40% de participación en las áreas, mientras que los privados deben asumir inversiones, costos y riesgos de las actividades extractivas, y sus ingresos dependen de los volúmenes efectivamente extraídos, según lo expuesto por el gobierno federal y la propia petrolera.
Actualmente, Pemex se mantiene como una de las petroleras más endeudadas del mundo, con pasivos superiores a 1.8 billones de pesos —unos 103,000 millones de dólares— al cierre de septiembre de 2025. Al término del tercer trimestre del año, la empresa reportó una pérdida neta de 61,247 millones de pesos y una producción cercana a 1.6 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensados, de acuerdo con su más reciente informe financiero. trimestral.
En ese espejo regional, PDVSA, Petrobras y Pemex muestran que el petróleo sigue siendo un activo estratégico, pero también una prueba constante de gobernanza, certidumbre y capacidad de adaptación de las empresas estatales en América Latina.
