Comenzó un nuevo capítulo en la batalla que se libra en los tribunales estadounidenses por la expropiación de YPF luego de que los demandantes presentarán este jueves Naciones Unidas escrito ante la jueza Loretta Preska pidiendo que la Argentina mar declarado en desacato por no haber entregado todos los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios y exfuncionarios que solicitaron la corte neoyorkina. También pidieron otras sanciones, incluyendo que se le aplique una “multa coercitiva de 1 millón de dólares por día”.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en este caso, escribió en su cuenta de X: “Los acreedores del fallo YPF piden a un tribunal de Nueva York que declare a la Argentina en desacato y aplique sanciones por el presunto incumplimiento de una orden de descubrimiento del 29 de julio de 2025 sobre mensajes de WhatsApp/Gmail de funcionarios”.
Y agregó sobre las sanciones exigidas: “1. Buscan que se declara el alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas). 2. Sanciones civiles. 3. La presunción de que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden de producirla. 4. Una multa coercitiva de 1 millón de dólares por día. 5. Declarar al país en desacato. 6. Otras”.
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Maril cerró el tema indicando que “la Argentina responderá el 19 de febrero; audiencias probatorias previstas para 23–24 de marzo”.
En un mensaje publicado pocas horas antes, el experto había dado más detalles al respecto: “Burford le pedirá hoy a la jueza Preska que declare a la Argentina en desacato y la sancione porque, según sus abogados, ha desobedecido la orden de entrega en el descubrimiento las comunicaciones relevantes de cuentas de correo y mensajes personales del ministro Caputo, el canciller Quirno y otros funcionarios”.
A continuación, explicó que “Burford quiere estas comunicaciones porque supone que pueden contener evidencias de que el gobierno nacional ejerce un control tan intenso y cotidiano sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y/o ENARSA como para considerarlas alter egos del Estado nacional y, en tal caso, dejar sus activos en Estados Unidos, si los hubiera, a tiro de embargo. Alerta de spoiler: entre 2002 y 2015, los fondos buitres lo intentaron y la justicia estadounidense rechazó todos sus planteos porque conclusiones que el control ejercido por el gobierno nacional de entonces era el lógico tratándose de empresas y organismos estatales”.
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Maril detalla que “Argentina argumenta que no puede entregar esas comunicaciones sin el consentimiento de los individuos afectados porque son ellos las que las tienen en su poder y su confidencialidad está amparada por normas constitucionales y de protección de datos personales. Explica que les pidieron a todos los funcionarios y exfuncionarios incluidos en el pedido de descubrimiento que las entregaron, pero, si bien varios aceptaron hacerlo, otros, como Caputo y Quirno, se negaron. Preska ya desestimó ese argumento porque considera que las normas argentinas de acceso a la información pública neutralizan esa clase de objeciones cuando los funcionarios decidan utilizar cuentas personales para tratar asuntos oficiales”.
La publicación de Maril concluyó: “Aclaración: la orden de Preska no requiere que Caputo, Quirno y los demás entreguen todos los mails y mensajes contenidos en sus dispositivos y cuentas personales, sino solo aquellos considerados relevantes para el caso porque contiene alguna palabra de la lista de términos clave acordados por las partes”.
Que pasó en el juicio por la expropiación de YPF hasta ahora
En 2023, la jueza Preska condenóen un fallo de primera instancia, a la Argentina, ordenándole que pagara 16.100 millones de dólares a Buford Capital por la expropiación de YPF en 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia todavía no está firme porque el Estado argentino apeló esa medida.
Este juicio comenzó en 2015, cuando Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) propietaria del 25% de las acciones de YPF, y Parque Etondueña del 3%, vendieron su derecho a litigar a Buford Capitalquien interpuso la demanda en Nueva York contra el Estado y la petrolera.
La expropiación se realizó sobre el 51% de las acciones de YPF. que se encontraron, en ese momento, en manos de Repsol, y se siguieron todos los requisitos de la Constitución: la operación fue aprobada por el Congreso a través de la Ley 26.932, se indemnizó a Repsol y se justificó la utilidad pública que impulsó esta medida.
HM/ML
