César Bernardo Arévalo de León, llegó a los dos años de ejercer el poder ejecutivo, con un discurso en contra la corrupción, infraestructura vial en áreas subalternas o bien en comunidades necesidades de infraestructura, desafíos en educación y salud. También ataque frontal a los delitos de extorsión, mismos que como es sabido por todos vienen de las cárceles.
La cartera del Ministerio de Gobernación ha sufrido dos cambios sustanciales, Francisco Jiménez, quien renunció en octubre de 2025 tras una fuga de reos y no poder tener una política de inteligencia civil para el manejo de crisis derivado del enfrentamiento de las maras salvatrucha versus y cara dura versus la mara 18. En ese contexto es nombrado un juez en dicha cartera Marco Antonio Villeda Sandoval, para transformar la cartera de seguridad y establecer una estrategia que sea palpable para la población.
Pero veamos, los índices de seguridad en Guatemala, muestran tendencias mixtas y preocupantes a finales de 2025, con un aumento generalizado de homicidios y delitos contra las personas, aunque con fluctuaciones en extorsiones y robos, reflejando desafíos persistentes en seguridad ciudadana a pesar de esfuerzos gubernamentales como el Plan Centinela, además de que la percepción de la población de la inseguridad que es más evidente por las redes sociales por videos de crímenes que suceden a diario en Guatemala.
Por ello es importante analizar los indicadores y tendencias de la taza de homicidios cometidos el año pasado 2025, en cuanto a los homicidios cerrados con una taza 3,139, el nivel más alto en cinco años, empero vale la pena excusar a esta administración en el sentido que la cantidad de población en las áreas urbanas no es la misma que hace cinco años; Sin embargo, eso no deja de indicar que los homicidios subieron, ya que los homicidios aumentaron significativamente en el año, superando los 17 por cada 100 mil habitantes, según datos de CIEN y Prensa Libre.
En cuanto al índice de Denuncias de Delitos, es el que mide delitos denunciados por cada 100 mil habitantes, ha mostrado variaciones, con subíndices de delitos contra personas y propiedad, aunque la tendencia general en algunos períodos fue de disminución en conjunto, pero con alzas en subcategorías como homicidios.
En cuanto a las extorsiones, las denuncias de extorsión han tenido una tasa interanual creciente, alcanzando cifras elevadas 147,5 por cada 100 mil habitantes a pesar de disminuciones mensuales. Ahora bien en cuánto a los delitos contra el patrimonio, vemos una alta incidencia a la a de asaltos y robos, que en la mayoría de los casos suceden de manera violenta y está de por medio armas y motocicletas, allí se ha dado una taza de aumento en cuanto a que las personas que se oponen resultan heridas o bien fallecidas como consecuencia de este delito, vemos robos de celulares, dinero al salir de agencias de bancos entre los principales. Dentro de los factores Influyentes están la falta de empleo y el alza de la canasta básica, el sentido de pertenencia a una clica de una mara, la inversión pública e infraestructura y el abandono del estado en rubros tales como salud, educación y economía.
En cuanto a la percepción versus la realidad, existe el reto en equilibrar la percepción de seguridad y la efectividad de las autoridades, siendo crucial la denuncia ciudadana y la confianza en las instituciones, y tener sobre un plan de inteligencia civil, de prevención del delito, así como de la despistolización. En cuanto a los componentes clave de un plan de Seguridad Ciudadana, estos deben contener una fase inicial de diagnóstico y análisis, identificando delitos con más alza, las zonas vulnerables, patrones delictivos (robos, drogas, violencia), y grupos de riesgo y con antagonismo de delinquir, control de las cárceles a manos del estado y no de los delincuentes.
Agendar los riesgos y amenazas con el objeto de establecer y actualizar amenazas, vulnerabilidades y riesgos para el Estado y la sociedad.
Tener una prevención social con valores, apoyo a jóvenes, adultos mayores, lucha contra el alcoholismo y drogas, mediación de conflictos, y espacios urbanos seguros en zonas de alto riesgo, y buscar oportunidades de inclusión en la sociedad creando oportunidades de trabajo, espacios recreativos y deportivos, y educación sexual y de conducta.
En cuanto a la prevención situacional, se debe de mejorar la iluminación pública, mantenimiento de espacios, instalación de alarmas comunitarias y sistemas de videovigilancia, y sobre todo prevención de la seguridad en cuadrantes con efectivos.
Es vital la participación ciudadana que fomente la colaboración vecinal de amigos del vecindario y el uso de aplicaciones de denuncia, con el objeto de evitar de manera rápida la acción de parte de la Policía Nacional Civil en los hechos delictivos.
Fortalecimiento Institucional y Coordinación en el Ministerio de Gobernación y sus dependencias, sobre todo en el área de seguridad ciudadana, prevención del delito y despistolación.
Crear y mejorar el sistema nacional de seguridad Coordinación entre instituciones para una respuesta coherente y dirigir políticas públicas, e involucrar a la sociedad civil como parte de la planificación ciudadana.
En cuanto a la Policía Nacional Civil se debe de mejorar el entrenamiento constante al personal, en legislación, capacidad física y anaeróbica del personal, su equipamiento y capacitación para una respuesta efectiva, así como las instalaciones de los cuerpos policiales. Implementar la tecnología e Inteligencia de Videovigilancia con el uso de cámaras y centros de monitoreo para prevención y respuesta rápida.
Y por último mejorar el sistema de Justicia, coordinación con el Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales para abordar la impunidad.
