En los primeros 72 días de gestión, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aprobó decretos supremos que provocaron, en más de un caso, polémicas, protestas, movilizaciones y bloqueos por parte de sectores sociales que manifestaron su desacuerdo con determinadas normativas.
Uno de los decretos más resistidos fue el 5503 que, entre otros temas, eliminaba el subsidio a los combustibles, por lo que, tras más de tres semanas de protestas, el Gobierno determinó, con la anuencia de la Central Obrera Boliviana (COB), abrogar el mismo y, en su lugar, promulgar el Decreto Supremo 5516 que mantiene la esencia del anterior.
La noche del 17 de diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz, arropado por su gabinete de ministros, anunciaba al país el fin de la subvención a los precios de los hidrocarburos, el incremento de los montos que se pagaban a la Renta Dignidad y el bono Juancito Pinto, entre otros, además de subir de 2.750 a 3.300 bolivianos el salario mínimo nacional.
Paz argumentó en esa oportunidad que la eliminación del subsidio a los combustibles, por ejemplo, buscaba terminar con las filas por la escasez de diésel y gasolina, además de ahorrar al país 10 millones de dólares diarios que se gastaban en la subvención de los carburantes.
Sin embargo, tras este anuncio realizado cerca de la medianoche de ese día, la COB instruía a sus afiliados a movilizarse en contra de la mayor parte de los 121 artículos del Decreto 5503.
Uno de los puntos cuestionados de este decreto fue que el Banco Central de Bolivia (BCB) tenía nuevas atribuciones, por ejemplo, según El Deber, podía “recurrir a instrumentos que hasta ahora estaban limitados: líneas de financiamiento externo, swaps de divisas, emisión de instrumentos financieros internacionales y recepción de garantías del Tesoro”.
La COB denunció que, con este decreto, el BCB podía endeudar al país en forma indiscriminada, sin rendir cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otros.
Otra observación estaba relacionada con un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales denominados “fast track”, que establecía un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto.
El Gobierno de Rodrigo Paz, tras una reunión con la COB, promulgó el martes 13 de enero el Decreto Supremo 5516, una norma de 32 artículos.
Esta norma, que reemplaza al Decreto 5503 “ratifica la política de precios de los combustibles, incrementa los montos de los bonos sociales, eleva el salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos y establece un nuevo esquema de diferencial de créditos para vivienda social y pequeños productores”.
UNA DISTANCIA
El Decreto 5515 provocó también cierta polémica. Esta norma, según El Deber, “habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el poder a través de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país”.
Esta medida tiene la finalidad, según analistas políticos, de evitar que el vicepresidente Edmand Lara, asuma las funciones como presidente, en caso de ausencia de Rodrigo Paz.
La aprobación de este decreto se dio después de que Paz recibió una invitación para participar en el Foro Económico Mundial (WEF) en Suiza, entre el 19 y el 23 de enero.
Otros motivos que impulsaron a Paz a aprobar el Decreto 5515, según analistas, fueron las fricciones con Lara y debido a que el segundo mandatario del país se declaró como “oposición constructiva” al Gobierno.
Sobre este decreto, los expresidentes de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales cuestionaron, por separado, la constitucionalidad de esta norma que permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar mediante “instrumentos tecnológicos” desde fuera del país en casos de ausencia temporal, según Infobae.
La norma fue aprobada en una reunión de gabinete el 29 de diciembre de 2025.
Por su parte, Morales (2006-2019) acusó a Paz de gobernar mediante “decretazos”, por la medida que puso fin a la subvención a los combustibles y la que le permite gobernar mediante instrumentos tecnológicos, con lo que está “anulando las competencias de la Asamblea Legislativa y cambiando la Constitución”.
Por su parte, el secretario general de la Vicepresidencia, Freddy Vidovic, afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz impone una “decretocracia”, según el portal Visión 360.
“La decretocracia impuesta por el nuevo régimen y el prematuro giro autoritario del gobierno de Rodrigo Paz no es un error ni una casualidad; es una decisión consciente de gobernar al margen de la Constitución”, afirmó Vidovic.
EMERGENCIA
El 13 de enero pasado, el Gobierno promulgó una nueva normativa, el Decreto Supremo 5517, mediante el cual se declaró emergencia energética y social en todo el territorio nacional, debido “a la compleja situación que enfrenta el país: inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible”, apuntó El Deber.
“Se declara la Emergencia Energética y Social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el proceso inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles”, dice textualmente el artículo 2. Este decreto autoriza también de manera excepcional y temporal la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas naturales o jurídicas privadas.
Asimismo, se dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un período de un año.
Otro decreto aprobado es el 5518, que modifica la alícuota del Gravamen Arancelario a 0% para equipos electrónicos hasta el 31 de diciembre de 2026.
En la lista se encuentran impresoras, computadoras, tabletas, teléfonos celulares, micrófonos, grabadoras, auriculares, cámaras y televisores, entre otros.
