Fiscales colombianos quieren arrestar al hijo del presidente
El hijo del presidente se ha enfrentado anteriormente a restricciones judiciales, incluida la prohibición de salir de su ciudad de residencia.
Los fiscales colombianos solicitaron formalmente el martes que Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sea puesto en prisión preventiva acusado de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La procuradora estatal Lucy Laborde argumentó que existían pruebas suficientes que demostraban que Petro Burgos, exdiputado por el departamento del Atlántico, estuvo directamente involucrado en actividades irregulares en materia de contrataciones públicas.
La fiscalía alega que Nicolás Petro intervino indebidamente en la adjudicación de contratos por parte de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Según la investigación, fondos destinados a programas sociales vitales, como el cuidado de ancianos y niños con discapacidades, fueron desviados hacia fines no autorizados. Se informó que Petro Burgos utilizó su posición política para participar en tráfico de influencias, lo que podría involucrar a la entonces Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
Laborde insistió en que las pruebas apuntaban a la implicación directa de Petro Burgos en “la gestión y facilitación de acuerdos”. Además, la Fiscalía citó la necesidad de la detención preventiva del sospechoso debido a su potencial capacidad para influir en los testigos y afectar el curso de la investigación.
Un documento firmado por Petro Burgos llegó a la Fiscalía mencionando noticias criminales antes de ser imputado oficialmente, sugiriendo la posibilidad de acceso previo a información confidencial.
Durante la audiencia, Petro Burgos se negó a aceptar ninguno de los cargos, afirmando que no entendía claramente las acusaciones y solicitando una explicación detallada. Su equipo legal sostuvo además que las acusaciones eran infundadas y se basaban únicamente en testimonios contradictorios.
El hijo del presidente se ha enfrentado anteriormente a restricciones judiciales, incluida la prohibición de salir de su ciudad de residencia.
