el municipio de quito ha decidido avanzar hacia una nueva etapa en el control del tránsito con la aprobación de la ordenanza que habilita la llamada tercera placa vehicular. El discurso oficial la presenta como una herramientas modernaseficiente y necesario para ordenar la movilidad en una ciudad cada vez más congestionada. Y, en efecto, la tecnología puede ser una aliada del interés público. El problema surge cuando esa tecnología avanza más rápido que los contrapesos institucionales que deberían acompañarla.
‘La confianza ciudadana no se construye solo con promesas técnicas. Se construye con controles. Y, en este caso, esos controles todavía no están escritos’.
La tercera placa, un adhesivo electrónico que se instalará durante la revisión técnica vehicular, no reemplaza la matrícula tradicional ni exige detener vehículos en la vía. Su lectura será automática, mediante pórticos y antenas, y permitirá verificar si un automóvil cumple con obligaciones como la revisión o la matrícula. En el papel, el sistema luce razonable. El debate real, sin embargo, no está en su funcionamiento técnico, sino en el tratamiento de los datos personales que genera.
La ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito establece que el dispositivo contendrá únicamente el número de placa y el número de chasis, y prohíbe su uso como mecanismo de rastreo o geolocalización en tiempo real. Esa prohibición es importante, pero insuficiente. No basta con decir lo que no se hará; en políticas públicas que involucran datos personales, también es indispensable explicar cómo se controlará que esa prohibición se cumpla.
El vacío más evidente de la normativa es la ausencia de auditorías obligatoriasfiscalización externa o informes periódicos públicos sobre el manejo de la información. La ordenanza, para analistas consultados por este Medio, no exige controles administrativos, organizativos ni tecnológicos específicos que permitan verificar, de manera independiente, que el sistema no derive en usos indebidos. Todo queda, por ahora, en manos de decisiones futuras del Municipio o de la actuación de autoridades de control ya existentes, sin un mandato expreso.
El Concejo argumenta que no se incluyeron auditorías porque la base de datos es limitada y porque el cruce con datos personales sería excepcional, solo cuando se deba levantar una infracción. Pero esa explicación omite un punto central: incluso sin GPS, la lectura reiterada del paso de un vehículo por distintos puntos puede generar información comportamental. Patrones de circulación, horarios, frecuencia de uso. Datos que, sin límites claros de almacenamiento, acceso y conservación, también pueden afectar la privacidad.
Nadie discute que la ciudad necesita herramientas más eficientes para gestionar el tránsitoplanificar la movilidad o incluso apoyar la localización de vehículos robados. El debate no es tecnológico, sino político y jurídico. Cuando el uso de un dispositivo es obligatorio, la carga de la prueba recae sobre la autoridad: debe demostrar que el tratamiento de los datos es legítimo, proporcional y estrictamente necesario.
La tercera placa puede ser útil. Pero sin auditorías independientes, sin transparencia activa y sin reglas claras sobre qué datos se guardanpor cuánto tiempo y con qué multas, el riesgo es evidente. La confianza ciudadana no se construye solo con promesas técnicas. Se construye con controles. Y, en este caso, Esos controles todavía no están escritos..
