La semana que viene la plana mayor de las organizaciones empresariales mantendrá dos conversaciones por separado con la cúpula de Junts sobre el nuevo modelo de financiación. El presidente de la gran patronal Foment, Josep Sánchez Llibrede viaje a la sede de la UE en Bruselas, se reunirá con Carles Puigdemont, el presidente de Junts. Algo que ya no es en absoluto excepcional.
Por las mismas fechas, el llamado G-8, en el que participar con diverso grado de compromiso los presidentes de otras organizaciones empresariales y económicas, se reunirá con una delegación de Junts, en este caso en la sede de la Cámara de Barcelona, que preside Josep Santacreu. Ambas citas han sido confirmadas a este diario por varias fuentes. Las dos reuniones también delatan la existencia de diferentes, no necesariamente contrapuestas, sensibilidades en el mundo empresarial catalán.
Desde hace unos días todas ellas trabajan con cierta premura para consensuar un documento sobre la nueva financiación autonómica. Para socialistas y republicanos obtener el apoyo cerrado de los empresarios había parecido a priori un asunto fácil, pero al final se ha mostrado un asunto más complejo. Además de la posición crítica de Foment, que preocupó especialmente a Salvador Illael resto de organizaciones también han acabado sumándose a un apoyo con bastantes matices. La idea de “insuficiencia” ha acabado cuajando como idea de consenso. Que en su opinión no se contrapone a aceptar los nuevos ingresos que implica para la Generalitat la propuesta finalmente detallada por María Jesús Montero.
Los servicios de estudios de esas organizaciones empresariales, encabezados por el de la Cambra de Barcelona, están elaborando un informe resumen de los principales elementos económicos del acuerdo y sobre esa base, acabarán emitiendo una declaración. El calendario inicial deja esta semana para la primera parte y en la siguiente se espera encarar el redactado final.
El objetivo del documento empresarial es doble. Por un lado, expresa apoyo a lo pactado, que se resume en que no se puede rechazar el dinero que llega con la propuesta de nuevo modelo de financiación. Por otro, abra una vía para plantear a Junts que se sume al acuerdo y no lo bloquee con su voto negativo en el caso de que llegue al Congreso. Pero para eso, la resolución de las organizaciones económicas debe incluir también demandas de mejora que permitan involucrar a los independentistas en la negociación final. Y eso es lo que se sustancia pretender en las reuniones de la semana próxima.
Un día antes de presentar el acuerdo en público, la consellera de Economía, Alicia Romero, pidió a los miembros del G-8 -Cambra, Pimec, Cercle d’Economia, Fira, Col·legi d’Economistes, FemCat, RACC y Barcelona Global- que hicieron lo posible para convencer a Junts para que también lo apoye.
Ahora, Foment ha puesto como condición para firmar la declaración que recoja sus objetivos de más competencias recaudatorias para la Generalitat y un mayor control sobre la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya, en línea con el planteamiento defendido por esa patronal, y el resto de organizaciones, durante estos últimos años.
Sánchez Llibre, volvió a reiterar esas mismas ideas en una larga reunión, la semana pasada, con Oriol Junqueraspresidente de ERC. Al mismo tiempo, el líder patronal no quiere contribuir al aislamiento de Junts, su aliado político y parlamentario clave en esta legislatura, por sus reticencias al acuerdo de financiación.
Todas las organizaciones empresariales coinciden en apreciar que el acuerdo de nuevo modelo debe llegar a buen puerto, los casi 5.000 millones son vitales para la administración catalana y sus políticas económicas e industriales y de inversión, al tiempo que consideran que no colma los objetivos que estaban planteados al inicio de la negociación. Esa insuficiencia se acentúa más o menos.
La discusión sobre el modelo de financiación será larga. El trámite parlamentario se dilatará, probablemente hasta el final del verano y por tanto, se prevé una larga negociación. Aunque muchos dudan de que la propuesta llegue al Congreso antes de que acabe la legislatura. En cualquier caso, la presión sobre Junts, que ya ha expresado su intención de votar favorablemente la condonación del FLA, será también igualmente prolongada.
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Mientras las organizaciones empresariales cortejan a Junts para salvar el pacto de financiación autonómica, la invitación de algunos empresarios barceloneses de aliviar a Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, para reunirse con ella ha provocado estupor entre sectores políticos y sociales que consideran el gesto una frivolidad oportunista de un sector de la burguesía catalana. De defender la estabilidad política a ultranza a legitimador formaciones que crecen electoralmente excitando el choque social y el odio, apuntan desde círculos políticos de varias formaciones políticas. Y se preguntan si se pretende utilizarla o apoyarla.
La propuesta de Emilio Cuatrecasaspresidente de honor del bufete que lleva su apellido, para que algunos de sus pares puedan “conocer personalmente” a la líder ultra en el Golf del Empordà de su propiedad, ha avivado también las especulaciones sobre la financiación del partido independentista de extrema derecha, que algunos se vinculan con sectores económicos que también estarían próximos a Vox y con empresas del interior de Catalunya. Su creciente activismo, visible con su red de carpas esparcidas por diferentes puntos para ampliar sus mensajes, tiene un elevado costo y muchos se preguntan de dónde salen los recursos para su crecimiento territorial.
Fuera de sus intervenciones parlamentarias, Orriols apenas se ha prodigado en debates o conferencias. A finales de octubre, suspendió una intervención en el Foro de Nueva Economía y pese a la promesa de programar otra cita, no se ha fijado.
En línea con la mejora de las expectativas de voto que le otorgan las encuestas, el interés por Orriols está en el orden del día en algunos círculos económicos.
Más allá de su islamofobia, casi nada se sabe de las propuestas de Aliança Catalana. Y parece que algunos empresarios quieren conocer por donde pueden ir las cosas en el caso de que los votos confirmen lo que adelantan las encuestas.
El pasado mes de noviembre, Orriols puso de manifiesto cierta inconsistencia cuando abogó por la liquidación del sistema público de pensiones y planteó que las cotizaciones a la seguridad social se le entregaron directamente a los trabajadores y que estos se las gestionasen.
Era su alternativa ante lo que considera segura quiebra del sistema, una “estafa piramidal de proporciones bíblicas”, en clara convergencia con las ideas más ultras que circulan en la política española. En apariencia, la alcaldesa de Ripoll desconocía que el sistema de pensiones es de reparto: con las cotizaciones actuales se pagan las pensiones de los ya jubilados.
