En mayo próximo, el presidente Bernardo Arévalo designará al nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) en relevo de María Consuelo Porras.
El proceso se activó formalmente el pasado 14 de enero, cuando el Congreso convocó a la elección.
Porras concluye un segundo mandato al frente del Ministerio Público. Su llegada al cargo se produjo durante el gobierno de Jimmy Morales y fue ratificada posteriormente por el presidente Alejandro Giammattei.
Su gestión marcó el cambio de rumbo en la persecución penal que se seguía bajo la dirección de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante la gestión de Porras se activaron casos en contra de operadores de justicia por supuestos malos procedimientos durante las investigaciones que se trabajaron en conjunto con la CICIG y se relevaron las jefaturas en varias fiscalías.
Algunas organizaciones sociales han cuestionado varios de los casos que se llevaron a la justicia durante el mandato de Porras, por considerarlos “mediáticos y selectivos” y por utilizar el derecho penal para criminalizar a opositores.
Otros sectores respaldan a Porras, bajo el argumento de que la institución tiene autonomía para investigar e iniciar acciones cuando existen indicios de un posible ilícito.
La designación del nuevo fiscal corresponde al presidente Bernardo Arévalo. Su gestión comenzó en medio de expectativas de remover a Consuelo Porras, debido a las acciones del Ministerio Público para intentar revertir los resultados de la elección presidencial de 2023.
los estragos
Para Alejandro Rodríguez, integrante de la organización Vigilancia de la impunidadlas acciones de criminalización en contra de guatemaltecos de trayectoria intachable, varios de ellos fiscales y exfiscales del MP, es lo peor de la gestión de Porras.
“Deja una institución devastada. Muchos de los mejores fiscales han sido destituidos y algunos hasta criminalizados injustamente y hasta en el exilio. Son daños y estragos inimaginables”señaló Rodríguez.
La salida de fiscales capaces, expuso Rodríguez, dejó el espacio para otros profesionales, que aunque cumplen los requisitos académicos, considera que no tienen los mejores perfiles para dirigir la acción penal.
“Ha destruido el liderazgo fiscal, colocando a fiscales que no solo no tienen capacidades técnicas, sino éticas, son fiscales que se alinean a ciertos intereses y hasta han sido sancionados a nivel internacional por obstruir la lucha por la justicia y la lucha contra la corrupción”, dijo.
Andrea Rabanales, integrante de la organización Be Just, coincide en que con la renovación de fiscal general, se perdió el capital humano de la institución.
“La principal debilidad de la institución es la pérdida del personal técnico que renunció, se fue o se trasladó a otra institución, esas son bajas muy importantes”, dijo.
Desconcentración de los servicios
Pese a los comentarios negativos en torno al Ministerio Público (MP), Rabanales reconoció que no todo el trabajo liderado por Consuelo Porras fue negativo.
Rabanales consideró que la estrategia de abrir agencias fiscales municipales permitió desconcentrar el acceso a los servicios.
“Hay delegaciones y sedes departamentales que contribuiron a la desconcentración de los servicios en las áreas centrales, lo cual es favorable para el MP”, puntualizó la experta.
La experta agregó que el simple relevo en la Fiscalía General ya representa una oportunidad, debido al desgaste institucional provocado por la polarización en torno a Consuelo Porras.
La desconfianza en torno al MP ya la figura del Fiscal General, indicó Rabales, es algo normal, ya que cualquier funcionario, en cualquier parte del mundo, enfrenta a un desgaste mediático que genera opiniones a favor y en contra.
Los primeros meses de la gestión del nuevo fiscal general, añadió Rabanales, serán determinantes. Si impulsa una política de atención personalizada al usuario que restituya la confianza para denunciar y garantiza la protección de los derechos humanos mediante investigaciones objetivas, podría marcar una diferencia a favor del Ministerio Público.
La experta considera que se debe cambiar “la forma de dirigir las investigaciones, que no sea selectiva, que el MP no se utiliza para perseguir a enemigos o adversario políticos, que realmente se busca justicia”.
El proceso
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) preside la Comisión de Postulación para el MP, cargo que ocupa de forma interina el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz.
La postuladora también se integra por la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Patricia Gámez; y la presidenta del Tribunal de Honor del mismo colegio, Alicia Franco.
Además, participa los decanos de de las facultades de Derecho de todas las universidades del país.
La comisión debe establecer el perfil de los aspirantes, con base en los lineamientos legales para el cargo, revisar que se cumplan los requisitos y efectuar las valoraciones académicas y éticas para formular una lista de seis candidatos que se le presentará al presidente, quien deberá elegir al relevo de Porras.
