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La evaluación 2025 revela un Legislativo más caro, menos presente y con peor desempeño.
Evaluar al Congreso de la República ya los diputados no es una tarea fácil. Sin embargo, es indispensable. Este organismo concentra una enorme cuota de poder y de recursos públicos, y su misión constitucional es clara: representar, legislar y fiscalizar. Dar seguimiento a su desempeño es un ejercicio ciudadano.
Desde hace una década, la Alianza por un Congreso Eficiente evalúa el cumplimiento de las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo aprobadas en 2016. Los resultados de la evaluación 2025 son preocupantes. El Congreso no está cumpliendo con su ley, su mandato ni con los estándares mínimos que exige una república funcional.
En el eje de representación, se mide principalmente la presencia de los diputados en el pleno. Llama la atención que, a pesar de haber incrementado el salario a más de Q60 mil mensuales, la asistencia bajó. Las sesiones plenarias pasaron de 64 a 62 y las ordinarias fueron apenas 49, frente a 55 del año anterior. La asistencia promedio cayó de 84% a 77%.
En el ámbito legislativo, no basta con contar decretos. Importa su calidad y el cumplimiento de la ley. En 2025 se presentaron 178 iniciativas. De ellas, 170 provinieron del propio Congreso y solo ocho del Ejecutivo. Es complejo impulsar transformaciones profundas si el Gobierno no presenta reformas claves en áreas como compras públicas, contrataciones o gestión del Estado, especialmente para combatir la corrupción. Se aprobaron 27 decretos, menos que el año anterior, y la mayoría de los cuidados de estudios técnicos o documentos de respaldo. Más grave aún fue el uso abusivo de la urgencia nacional ya que más de la mitad se permite sin seguir el procedimiento ordinario de tres debates. Incluso el Presupuesto 2026 se tramitó bajo esta figura, limitando una discusión que debía ser amplia y responsable.
En fiscalización, persiste el uso distorsionado de la interpelación.
El desempeño legislativo se explica, en parte, por el funcionamiento de las comisiones. Existen 38, una cantidad excesiva. En las 14 monitoreadas no hubo sesiones en enero, la distribución de comisiones se retrasó hasta la segunda quincena de febrero y el 75% de las sesiones se realizó de forma consecutiva, una tras otra. Esta práctica impide el análisis serio de iniciativas y se ha vuelto cada vez más común. Además, no se transmiten las sesiones que manda la ley.
En fiscalización, persiste el uso distorsionado de la interpelación. Se solicita, pero no se concluye. Actualmente hay una en curso y siete pendientes. La interpelación al Ministerio de Desarrollo Social sigue estancada en su fase inicial. La pregunta de fondo es si este mecanismo está sirviendo para mejorar la gestión pública o solo como instrumento político. A esto se suman mil 693 citaciones a funcionarios del Ejecutivo. Algunas cumplen su función, pero muchas se utilizan para presión, protagonismo o agendas particulares.
Mientras tanto, el Congreso continúa creciendo en lo personal, ya suma más de dos mil trabajadores, y su costo aumentó en Q270.5 millones (23%), impulsado principalmente por el incremento salarial de los diputados, de Q29 mil 150 a Q66 mil 300 mensuales.
Entre los pocos aspectos positivos destaca el cumplimiento del 97% de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es un avance, pero insuficiente frente al deterioro del resto de funciones. La Alianza recomienda, entre otros puntos, recuperar niveles de asistencia, reducir el número de comisiones y fortalecer su funcionamiento. Restringir la urgencia nacional y que los decretos tengan sustento técnico. Revisar la estructura de personal y avanzar hacia un modelo de gestión por resultados —y, ante todo, que respeta su propia ley—.
Dar seguimiento al Congreso es una tarea ciudadana impostergable. Es una institución demasiado importante para dejarla únicamente en manos de los diputados.
