Terminamos el año anterior advirtiendo sobre la forma en que se movilizaban los grupos de poder para asegurar que pueden mantener el control de las instituciones y que, por ello, este año 2026 es crítico para la vida nacional. Este fin de semana vimos cómo se han articulado los grupos del crimen organizado con sus aliados que les ofrecen impunidad para crear inestabilidad y, peor que eso, violencia criminal que ha cobrado ya la vida de varios agentes de la Policía Nacional Civil, agentes que dejan familias atrás, causando dolor y manteniendo en vilo a una ciudadanía que empieza a entender, con preocupación, cómo se articulan entre sí los delincuentes.
Siempre hemos sabido que el control de los centros carcelarios no lo ejerce el Estado sino aquellos reclusos que tienen dinero y fuerza para “negociar” con las autoridades que se les han sometido de manera burda y descarada. La decisión de retomar el control de las cárceles implica romper con esos acuerdos que se habían institucionalizado y de allí la violenta reacción que vimos ayer por la mañana, matando a discreción a agentes del orden público.
La necesidad de avanzar en ese control es indudable y la sociedad reaccionó el mismo domingo con firmeza ofreciendo apoyo, lo que permitirá crear mecanismos que puedan contribuir a la seguridad ciudadana mediante el confinamiento de aquellos grupos que diariamente extorsionan y matan a sabor y antojo, operando como los verdaderos amos del país gracias a que la destrucción del sistema de pandillas de justicia, con la intención inicial de apañar la corrupción, ha traído funestas consecuencias porque toda forma de crimen organizado, léase o cárteles, operan con la misma facilidad que diseñan para sí los que saquean los fondos públicos.
Esperar que instituciones como el Legislativo dicten medidas para resolver el problema es pecar de ilusos porque muchos son los que están allí por acuerdos que hicieron con esos grupos poderosos de sus jurisdicciones, lo que les facilita enriquecerse mediante maniobras como las de las obras vía el Ministerio de Comunicaciones y vía el presupuesto a los Codedes que ellos controlan y explotan.
Es momento que el Presidente trabaja con la sociedad civil para acelerar proyectos como los de una cárcel modelo, porque es obvio que esos no pasarán en el Congreso como debe ser. Una cárcel donde se reembolsa a los delincuentes que coordinan extorsiones, muertes y narcomenudeo es indispensable y el Estado la debe expeditar mediante ley específica que acelera los procesos con transparencia. Ya no podemos perder más vidas y así como era indispensable que Gobernación rompiera los ya eternos acuerdos con las pandillas, es indispensable que la sociedad comprenda la necesidad de tomar medidas que permitan retomar el orden y la seguridad, así como el Estado de Derecho.
Vivimos momentos críticos, pero si la ciudadanía se une y el Estado trabaja con ellos podemos emprender, al fin, el cambio que la ciudadanía demandó en las últimas elecciones y que sigue siendo tarea pendiente.
