Mancuso, que tiene doble nacionalidad colombiana e italiana, fue designado por el presidente Gustavo Petro como mediador en los procesos de paz del gobierno con grupos armados, tras recuperar su libertad en 2024 cuando regresó a Bogotá desde Estados Unidos, donde cumplió una pena de 16 años de cárcel por narcotráfico. Un tribunal de Barranquilla (norte) lo sentenció por 117 crímenes contra indígenas Wayúu cometidos entre 2002 y 2006, pero su pena puede ser reducida a ocho si se acoge a los compromisos de verdad, reparación y no repetición previstas en una ley de justicia especial que permitió el desarme de los paramilitares en 2006. Según la fiscalía, en ese periodo los escuadrones de ultraderecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados”, entre otros crímenes, bajo órdenes de Mancuso en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela. Estos grupos antiguerrilla sembraron el terror con masacres y persiguieron a quienes según ellos tenían nexos con organizaciones de izquierda, durante los peores años del prolongado conflicto armado en Colombia. Entre sus víctimas hay sindicalistas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y políticos. Mancuso es actual “gestor de paz” en las negociaciones del gobierno con el Clan del Golfo, el mayor cartel de la cocaína de origen paramilitar. Por esa razón, su encarcelación también podría ser suspendida. El máximo comandante paramilitar vivo, que según la sentencia también deberá pagar una multa de 14 millones de dólares, firmó la paz durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), en un proceso que desmovilizó a unos 30.000 paramilitares con beneficios judiciales. De 61 años y criado en el seno de una familia acomodada, Mancuso fue el segundo al mando de las AUC por debajo de los hermanos Carlos y Fidel Castaño, que se presumen muertos. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos y durante su estancia en prisión destapó sensibles relaciones del paramilitarismo con políticos. Tras su deportación desde Estados Unidos quedó libre por orden de la justicia colombiana a mediados de 2024. El conflicto armado de seis décadas en Colombia enfrenta a guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y agentes estatales, y deja más de 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
