Donald Trump ha decidido que la diplomacia multilateral clásica es demasiado lenta, demasiado reglada y, sobre todo, demasiado ajena a su forma de entender el poder. Su respuesta es el Consejo por la Paz (Board of Peace), un órgano concebido para supervisar la siguiente … fase del plan para Gaza y que, en la práctica, funciona como una alternativa informal —y competitiva— al Consejo de Seguridad de la ONU. Es una suerte de diplomacia a la carta, con invitados selectos, reglas aún borrosas y una promesa grandilocuente: ideas audaces para resolver conflictos globales.
La composición del tablero es, como mínimo, desconcertantemi. La Comisión Europea, Rusia, Bielorrusia y Tailandia han recibido invitaciones formales. Francia ya ha dejado claro que, por ahora, no se suma. El Reino Unido estudia su papel y habla de «voluntad de contribuir», una fórmula deliberadamente ambigua. Israel, el país directamente afectado por el futuro de Gaza, no figura entre los invitados al órgano que supervisará su reconstrucción y seguridad, lo que ha generado una reacción airada por parte del Gobierno israelí y un esfuerzo de contención diplomática por parte de Benjamin Netanyahu.
Moscú y Minsk, en cambio, han reaccionado con rapidez. El Kremlin ha confirmado que Vladímir Putin ha recibido la invitación y que está «estudiando los detalles», aunque fuentes diplomáticas reconocen que Rusia ve en semejante Consejo una oportunidad para volver a sentarse en una mesa relevante sin pasar por los cauces tradicionales de Naciones Unidas. Bielorrusia ha ido un paso más allá: Aleksandr Lukashenko no solo ha aceptado la invitación, sino que ha dejado claro que está dispuesto a participar activamente.
Ambos líderes, según fuentes conocedoras de los contactos previos, presionan para que el acuerdo marco del nuevo órgano se firme este miércoles en Davos, aprovechando la presencia de Trump y de varios de los potenciales miembros en el Foro Económico Mundial.
Prisa por firmar
La prisa no es casual. El Foro de Davos ofrece un escenario simbólico: élites políticas y económicas, foco mediático global y la posibilidad de presentar el Consejo por la Paz como un hecho consumado antes de que se acumulen demasiadas resistencias. Firmar allí permitiría a Trump exhibir iniciativa y liderazgo, ya Putin y Lukashenko reaparecer como actores «constructivos» en un foro internacional del que han estado, en distintos grados, marginados.
El diseño del órgano añade una capa adicional de singularidad. Según fuentes estadounidenses, un desembolso de 1.000 millones de dólares garantiza la membresía permanente, con el dinero destinado a la reconstrucción de Gaza. Quienes prefieran un asiento temporal pueden optar por un mandato de tres años sin contribución obligatoria.
En teoría, los miembros supervisarán un comité ejecutivo encargado de aplicar la segunda fase del plan para Gaza, con el despliegue de una fuerza internacional de seguridad, desarme de Hamás y reconstrucción de un territorio devastado, cuyo costo se estima en más de 53.000 millones de dólares. En la práctica, muchos de los invitados se preguntan cómo se compatibiliza ese esquema con el derecho internacional vigente y con el papel de Naciones Unidas, que queda relegada a un segundo plano sin haber sido formalmente desplazada.
Las críticas desde Israel han sido ciertamente aireadas. El Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrichha calificado el plan de «malo para Israel» y ha pedido directamente su cancelación, defendiendo una administración militar israelí en Gaza y una ofensiva total si Hamás no acepta un desarme completo. Netanyahu, más cauto, ha reconocido diferencias con Washington sobre la composición del órgano asesor, pero ha subrayado que no dañarán su relación con Trump. El malestar, sin embargo, es evidente, sobre todo por el hecho de que Turquía y Catar figuran entre los actores considerados mientras Israel queda fuera del núcleo decisivo.
Control personal de Trump
Más allá del diseño institucional, el llamado Consejo por la Paz introduce un precedente incómodo en la diplomacia contemporánea, la monetización explícita del acceso al poder multilateral. Aunque la Casa Blanca insiste en que el pago de 1.000 millones no es obligatorio, la existencia de una membresía permanente asociada a una aportación económica establece de facto una jerarquía entre estados basada en capacidad financiera y cercanía política con Washington. En medios diplomáticos europeos se interpreta como un mensaje claro, quien quiera influir de verdad en la arquitectura de posguerra de Gaza deberá hacerlo no solo con respaldo político, sino también con recursos y alineamiento estratégico con Donald Trump.
El otro elemento que genera inquietud es el control personal que el presidente se reserva sobre el órgano. El borrador del estatuto le concede la última palabra sobre la interpretación del mandato y la capacidad de vetar decisiones incluso cuando cuenten con mayoría. En la práctica, el consejo por la paz se perfila menos como un foro de concertación internacional y más como una extensión directa del poder presidencial estadounidense, con aliados invitados a refrendar decisiones ya tomadas.
