Mariana González, hija del opositor venezolano Edmundo González, denunció irregularidades procesales e intentos de extorsión en sedes diplomáticas y Arzobispado, las cuales consistían en pedirle a su padre que desistiera de su lucha política y con ello sería liberado su esposo Rafael Tudares,preso desde hace más de un año.
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En un comunicado publicado en sus redes, González, quien se ha mantenido cautelosa con el caso de su esposo, exigió justicia y denunció formalmente que el proceso judicial que culminó en una condena de 30 años de prisión contra su marido es un “fraude a la justicia” y una violación sistemática a los derechos humanos.
“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, se lee en el documento.
Mariana González y Rafael Tudares Foto:cortesia
González añade que en los tres episodios “hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha ya su causa”.
Tudares Bracho, quien es abogado de profesión, fue sentenciado a la pena máxima a pesar de que, según su defensa y familiares, el expediente carece de testigos, evidencias y hechos demostrables que constituyen delito alguno.
De acuerdo con el testimonio de su cónyuge, no existe una relación de causalidad entre los hechos atribuidos y la responsabilidad penal de Tudares. “Rafael revisó íntegramente su propio expediente el día de su única audiencia de juicio y pudo constatar que no había pruebas en su contra”, afirmó, destacando que la condena vulnera el debido proceso.
Edmundo González en comunicación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto:EFE/Cuenta de la red X de Edmundo González
“Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito”, insiste Mariana González en el documento.
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En el comunicado, la familia de Tudares Bracho define esta situación no como un acto de justicia, sino como una “venganza” volcada contra un hombre que no forma parte del conflicto político actual. A pesar del “duro vía crucis” vivido, aseguran no albergar sentimientos de revancha.
“Devuélvanme a Rafael. Él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa. Solo queremos que se haga justicia y se le libere”, concluyó el comunicado.
