El informe presidencial escuchado está cargado de atención a la infraestructura física, pero descuida la formación de dos pilares del Estado: los maestros y los profesionales de la salud. La formación del funcionario público jamás se ha debatido con la profundidad necesaria. Por el contrario, los sistemas de información suelen retratarlos bajo una luz negativa; su calidad está bajo un cuestionamiento constante y las descripciones de su trabajo suelen ser meramente críticas.
Durante décadas, se ha señalado el bajo rendimiento escolar y las altas tasas de abandono. Esta situación evidencia la incapacidad del sistema para brindar herramientas prácticas al docente y de este al alumno. La educación se ha convertido en un depósito de conocimiento académico general, a menudo desconectado de las necesidades del desarrollo nacional.
En el ámbito de la salud, la situación es igual de crítica. La atención frecuentemente es insuficiente y enfrenta desafíos estructurales que afectan tanto el servicio como la preparación profesional. El resultado es devastador: el enfermo y su familia terminan en gastos catastróficos, obligados a pagar servicios privados ante la deficiencia del sistema público.
Tras dos años de gestión, el gobierno no ha presentado una propuesta robusta para reformar la formación del maestro ni la del profesional de salud. En educación, seguimos careciendo de contenidos, didáctica y estándares de admisión acordes a la realidad nacional; lo poco que existe en papel adolece de graves defectos en su implementación práctica. En salud, la formación sigue siendo peligrosamente «hospitalocéntrica». Se forma al personal para la emergencia (curar), pero se descuida la prevención y la predicción de la salud. Carecemos de programas de actualización en nuevas tecnologías y protocolos de incorporación social en la formación y la atención profesional. Además, en ambas áreas, persiste un vacío peligroso: la ausencia de un examen nacional estandarizado y obligatorio que habilite el ejercicio profesional y garantía que todo egresado, sin importar su universidad, posee las mismas competencias y derecho a la actualización.
Resulta loable que, desde enero de este año, se hayan lanzado maestrías en Medicina Familiar y Comunitaria (como las del IGSS). Este es un paso hacia la prevención, pero no es suficiente si el sistema general no cambia. En educación existe el programa de formación docente 2024-2025. Aunque el programa existe, su implementación y teoría está desconectada de la práctica. Es formación, sí, pero ¿es la enseñanza profunda magistral que el país necesita o es solo capacitación administrativa? Ambas estrategias: la del IGSS y las del MSPAS se centran más en el estudiante profesional que en la reforma estructural de las carreras.
En resumen, el gobierno debe actuar sobre la formación docente del maestro, recordando aquel viejo dicho: “Irracional es que una educación cuyo núcleo es la enseñanza tenga tan poca enseñanza”. Del mismo modo, en salud deben eliminarse las contradicciones: es absurdo que una enfermera se forme para el cuidado humano, pero consume el 70% de su tiempo en formularios y burocracia.
En una Guatemala segregada, necesitamos profesionales competentes. El principio de primus inter pares —el primero entre iguales— no debe ser un lema académico vacío, sino una práctica viva que garantice excelencia de atención profesional para todos los grupos sociales, especialmente aquellos con mayores brechas de atención.
