La ofensiva del presidente Nayib Bukele redujo a mínimos la violencia al encarcelar a unas 91.000 personas, pero millas de niños han quedado relegados a la pobreza, estigmatizados o traumatizados al ser separados de sus padres, muchos de ellos inocentes según grupos de derechos humanos. Tras el arresto de José Urquía en agosto de 2023, Jade, de 16 años, y su hermano, de 13, quedaron bajo custodia de su abuela, Sara Rivas, en El Rosario, 50 km al este de San Salvador. Sobreviven con una modesta remesa que envía su madre, quien había emigrado a Estados Unidos, y los ingresos de la pequeña granja que Jade ayuda a mantener cuando sale de la escuela. “Me lastima cuando me dicen (vaya) a saber qué marero (pandillero) es (…). Siempre hay personas que me lo mencionan diciéndome que mi papi es un delincuente”, relata a la AFP. “Mi papi es inocente”, sostiene. – “Crisis silenciosa” – La convicción de Jade (nombre ficticio) sobre la inocencia de su padre, de 37 años, sobrepasa el afecto. Cuando fue capturada, Urquía no tenía antecedentes penales, según un certificado oficial expedido en septiembre de 2024, que Rivas muestra a la AFP en su humilde casa en El Rosario. Las autoridades le informan, dicen, que padece insuficiencia renal. Urquía fue detenido cuando llegó deportado de Estados Unidos, acusado de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”. La familia cree que el motivo fueron unos tatuajes que tiene en sus manos y pecho con el nombre de sus hijos. Cristosal y otros oenegés denuncian detenciones arbitrarias y torturas bajo el régimen de excepción. El gobierno lo rechaza, pero reconoce que unas 8.000 personas han sido liberadas por falta de pruebas. El estigma es tan pesado para Jade que aprovechará su entrada a la secundaria para cambiar de colegio. “Prefiero irme a uno nuevo con personas que no conozco, (y) comenzar de cero”, dice, mientras repasa fotos de su papá. Algunos niños separados del padre o la madre, o de ambos, abandonan la escuela para trabajar, al quedar bajo custodia de familiares pobres, según Cristosal. La oenegé denuncia una falta de atención estatal a estos menores, que personifican una “crisis silenciosa”. El “impacto se observará en las décadas por venir”, advierte. Consultado el gobierno por la AFP, la entidad encargada de la niñez, Conapina, dijo dar atención “psicológica y emocional” a hijos de presos, y ayudar a las familias que los cuidan para que emprendan negocios. Según Conapina, en algunos casos los padres que pertenecían a pandillas eran “los principales responsables de la vulneración de derechos de sus hijos”. “Me quitaron la infancia” La vida de los gemelos Carmen y Manuel (nombres ficticios) dio un vuelco en junio de 2022 cuando la policía detuvo a su padre, José Ángel Ruiz, distribuidor de pan de 36 años. Es “horrible porque no fue un abandono que él haya decidido, sino que nos lo quitaron de nuestros brazos”, relata Carmen, de 17 años, en su precaria casa de Zacatecoluca, 60 km al este de San Salvador. Desde entonces, los chicos, que aseguran que Ruiz tampoco tenía antecedentes criminales, ayudan con el sustento de tres hermanos: ella, limpiando casas con su madre y bañando mascotas; él, como albañil. “Me tocó madurar demasiado rápido, me quitaron la infancia”, afirma Carmen, quien pese a todo finalizó su bachillerato con honores y confía en que su padre será liberado. Pero para algunos esa posibilidad no existe. Cristosal asegura que entre 2022 y 2024 casi 180 menores sufrieron la muerte del padre o la madre mientras estaban presos. La oenegé Socorro Jurídico reporta 470 muertos en prisión, bajo el régimen de excepción.
