Los casos recientes que investigan un presunto lavado de activos y que han salido a la luz en Ecuador no solo exponen la sofisticación financiera del crimen organizado, sino que también obligan a una reflexión profunda sobre el rol que cumple —o deja de cumplir— la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
No se trata de juicios anticipados ni de atribuir culpas políticas, sino de exigir coherencia institucional en un momento crítico para el país en un contexto, donde el crimen organizado y el narcotráfico son una amenaza para la seguridad de los ecuatorianos.
La UAFE debe asumir sin excusas su rol técnico en el control del lavado de activos.
El asesinato de Stalin Olivero Vargas, alias ‘Marino’, cabecilla del grupo criminal Los Lagartos, reveló una red empresarial que operaba con relativa normalidad en Guayaquil y otras provincias. Su vinculación como gerente, accionista o directivo en varias compañías —algunas con contratos estatales, otras con movimientos financieros crecientes y baja carga tributaria— plantea preguntas inevitables sobre los controles preventivos. No es un detalle menor que una empresa de seguridad privada relacionada con él haya obtenido contratos públicos mientras su perfil financiero crecía sin alertas visibles.
Algo similar ocurre con el caso de Guisella Fernández, asesinada junto al futbolista Mario Pineida. Tras su muerte, las investigaciones muestran que supuestamente hizo movimientos por más de 27 millones de dólares. Es una cifra imposible de justificar con las actividades económicas que declaradas formalmente. Este desequilibrio entre ingresos reportados y flujos reales es, precisamente, uno de los principales indicadores que los sistemas antilavado están diseñados para detectar.
Ambos casos tienen un punto en común: se desarrollaron sin que la UAFE, el órgano técnico encargado de prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, haya generado alertas oportunas conocidas públicamente. La UAFE no es un actor político ni coyuntural. Su mandato es técnico, permanente y estratégico. Su eficacia no puede medirse por períodos presidenciales ni diluirse en debates sobre herencias de gobiernos anteriores.
En un país que enfrenta desde hace años la expansión del narcotráfico y del crimen organizado, la inteligencia financiera es una herramienta clave del Estado. Cuando esta falla, no solo se debilita la lucha contra las economías ilícitas, sino que se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Es legítimo reconocer que el lavado de activos es un fenómeno complejo y transnacional, pero no lo es aceptar la inacción o la politización de los organismos de control.
La UAFE debe fortalecer su autonomía técnica, mejorar el cruce de información con otras entidades y asumir su rol sin excusas ni cálculos políticos. Ecuador no puede darse cuenta del lujo de una inteligencia financiera distraída o subordinada a intereses ajenos a su misión.
Más que discursos, el momento exige resultados. La lucha contra el lavado de activos empieza por instituciones técnicas que actúan como tales. En ello, la UAFE tiene una responsabilidad ineludible.
