A pocos días del Referéndum del 16 de noviembre, el Ejecutivo estaba confiado en el triunfo del Sí, salvo en las provincias de Azuay y Manabí. Las cifras de algunas encuestadoras registraron un resultado favorable. Manabí es y seguirá siendo, por algún tiempo, un fortín electoral correista. En Azuay, el desastre electoral se desencadena en el fallido intento de incrustar un proyecto minero en Quimsacocha, a pesar de que en la consulta popular de marzo de 2019, el 82% de los ciudadanos, rechazó la explotación minera, por ser área de recarga hídrica. ¿Valoraron en Carondelet este hecho de la realidad? Al parecer, no.
El presidente Daniel Noboa, doce días después del No, señaló que fue un remezón: algo así como un temblor, un terremoto o una sacudida. Afirmó que el equipo de gobierno no caminó ni comunicó. Aunque públicamente no haya admitido el peso de los errores, resulta obvio que la pérdida de apoyo y el desgaste afectan a quien ejerce el poder. Parece que no se tomó en serio el tema, se infravaloró y se desatendió hechos que, sin duda, erosionaron la credibilidad y carcomieron el apoyo ciudadano. En el señor del poder, siempre anida también su debilidad.
No son suficientes los pocos cambios en el gabinete, excepto la acertada designación del ex magistrado de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, como secretario Jurídico de la Presidencia de la República. Un ciudadano de credenciales éticas, formación jurídica y personalidad para decir lo que piensa en el núcleo del poder. ¿Cuánto incidirá?, está por verso.
¿Existió un diseño estratégico para la consulta popular y el Referéndum? Parece que no. El gobierno quedó encerrado en el conflicto con la Corte Constitucional y sus frágiles certezas. Fue una campaña de vacilación y silencio. Un momento en el que pesaban dos decisiones acertadas pero impopulares: el incremento del IVA y la eliminación del subsidio al diésel. Luego, la convulsión de violencia se produjo en Imbabura. Las batallas políticas inútiles y la impresión de cierto autoritarismo. Una sociedad sin cultura de legalidad, no valoró, por ejemplo, la firmeza del presidente en evitar que el paro, sea el tercer capítulo de lo sucedido en el 2019 y 2022. Vivimos una sociedad indulgente con la violencia y la transgresión de las reglas, que no comprende la legitimidad de la fuerza coercitiva del Estado.
Pasaron desapercibidos hechos que corroyeron la confianza ciudadana: el enfrentamiento desatinado con la Corte Constitucional. El miedo que se regó como una mancha de aceite que se propagó con rapidez: que el constituyente significaba firmar un cheque en blanco. El temor a perder la seguridad social, incluida la de la fuerza pública, que se bastante la décima tercera y cuarta remuneración, la gratuidad en la universidad pública o que venga el demonio de las privatizaciones. La calamidad de la salud pública. El anuncio de una base militar en Galápagos. Un desafortunado reglamento del Ministerio de Educación. La«regresión de derechos»; y, un largo etcétera. El desencanto y el miedo movilizó y se desahogó con el No. Fue un alud silencioso y continuo. Una avalancha repentina y no vaticinada.
Difícil comprender la política sin conocer algo del pensamiento del padre de la Ciencia Política, Nicolás Maquiavelo. Él dijo: «que la fe y la benevolencia de los hombres no es duradera» con el gobernante. La confianza ciudadana hay que cuidarla con celo para no perderla. Decía que el gobernante (el principe): «debe escapar de los aduladores». Un gobernante, rodeado de la incondicionalidad que halaga y no discierne, queda atrapado por un denso velo que vuelve borrosa la realidad. La infalibilidad en el poder no existe. Nadie es inmune al error. Maquiavelo decía que el primer juicio que la ciudadanía se forma acerca del gobernante, se basa en las personas que lo rodean.
