Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano “la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas por motivos políticos y el fin de la represión” en Cuba, al cumplirse un año del “opaco” proceso de excarcelaciones selectivas, que -según cifras del régimen- benefició a 553 personas.
“Cuba debe liberar, sin condiciones, a quienes nunca debieron estar en prisión”, demandó Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado de la ONG publicado el lunes.
Piquer señaló que el gobernante Miguel Díaz-Canel “debe tomar una decisión inequívoca: terminar con el uso del sistema penal para silenciar la crítica y castigar el activismo” y advirtió que “es hora de poner fin a la represión contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.
La organización, con sede en Londres, afirmó que el proceso de excarcelaciones, anunciado por las autoridades cubanas el 14 de enero de 2025, estuvo “marcado por opacidad, falta de información pública, ausencia de criterios claros y uso de condiciones arbitrarias, así como por el impacto psicológico devastador en las familias”.
Las excarcelaciones se realizaron en el marco de un acuerdo alcanzado tras negociaciones de los gobiernos de Cuba y Estados Unidoscon la mediación del Vaticano, en los últimos días del mandato del presidente demócrata Joe Biden.
Amnistía Internacional recordó que el proceso no incluyó “el reconocimiento estatal de los abusos cometidos en las detenciones y las condenas, y la inexistencia de garantías de no repetición”.
Y fue categórica al señalar que, pese haber sido liberado a al menos 211 personas por motivos políticos, “las excarcelaciones selectivas o condicionadas no sustituyen la obligación de las autoridades de cesar la criminalización de la libertad de expresión ni de garantizar un juicio justo”.
En tal sentido, recalcó que “algunas personas excarceladas en 2025 fueron forzadas al exilio y otras regresaron a prisión, poniendo en evidencia la persistencia de prácticas autoritarias arraigadas y la ausencia de garantías para ejercer derechos humanos dentro del país sin temor a represalias”.
Así se demuestra en los casos de los opositores José Daniel Ferrer, a quien el régimen volvió a encarcelar y terminó exiliado en Estados Unidos, y Félix Navarro, que sigue en prisión luego de que un tribunal anuló su excarcelación.
“Las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia”, advirtió la ONG.
Su director regional para las Américas insistió en que “Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez (Maykel “Osorbo”) y Luis Manuel Otero Alcántara no deben pasar ni un día más en prisión” y puntualizó que el régimen debe “poner fin a las detenciones por motivos políticos de una vez por todas”.
Excarcelaciones de 2025 no significaron libertad plena, afirma Justicia 11J
Al cumplirse un año del inicio del proceso de beneficios penitenciarios en enero de 2025, la plataforma independiente Justicia 11J presentó su informe “Ni libres ni todos: Naturaleza coyuntural y condiciones represivas de las excarcelaciones en Cuba”.
El documento indica que, entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2025, fueron beneficiadas al menos 212 personas sancionadas por razones políticas, y que el 90 % de las excarcelaciones ocurrieron en los primeros seis días. Tras un mes de silencio, se reanudaron con 21 liberaciones adicionales, lo que evidenció —según afirma Justicia 11J— un manejo discrecional y no lineal del proceso, ajustado a lógicas políticas y no a criterios jurídicos verificables.
La organización aseguró que “en ningún caso se trata de libertades plenas”, pues las personas excarceladas “quedaron sujetas a beneficios penitenciarios revocables, con restricciones de movimiento, vigilancia policial, citaciones frecuentes y amenazas explícitas de retorno a prisión”.
Justicia 11J sostuvo que “la figura jurídica utilizada para las excarcelaciones no garantiza estabilidad alguna ni impide la reclusión arbitraria”, y que “las personas liberadas siguen sometidas al control político y judicial del Estado”.
Concluyó que “las excarcelaciones de 2025 no cerraron el ciclo represivo, sino que lo desplazaron: de la cárcel a la excarcelación vigilada, del encierro formal al control permanente”.
Hace un año, organizaciones de derechos humanos de Cuba e internacionales criticaron las excarcelaciones y denunciaron que se efectuaron en un contexto “opaco, incompleto, injusto y fraudulento”. Al mismo tiempo, alertaron que más de la mitad de las personas excarceladas eran reclusos comunes y no presos por causas políticas.
