Desde que se anunció su creación, primero a través de la fallida reforma de salud y luego mediante decretos, los Equipos Básicos de Salud (EBS) han sido presentados por el Gobierno de Gustavo Petro como el corazón de la “revolución de la atención primaria” en Colombia. El Ministerio de Salud los define como grupos de profesionales y técnicos que llegan directamente a hogares, barrios y veredas para promover el cuidado, prevenir enfermedades, detectarlas a tiempo y facilitar el acceso al sistema. Son, según la narrativa oficial, el primer contacto de millones de colombianos con el sistema de salud.
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La estrategia no es nueva. Los EBS retoman y amplían un modelo que emula el programa de “Territorios Saludables” y “Salud a su Casa” implementado durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, basado en visitas domiciliarias, caracterización de familias y acciones de promoción y prevención. Ahora, desde el Gobierno nacional, esa experiencia fue elevada a política pública central del sistema de salud.
De acuerdo con el Ministerio, cada Equipo Básico está conformado por auxiliares de enfermería, profesionales de medicina, enfermería, psicología, promotores de salud, agentes de medicina tradicional, e incluso especialistas como internistas, médicos familiares, psiquiatras, pediatras y ginecólogos. Su labor incluye atención en casa, educación en salud, detección temprana de riesgos, articulación con especialistas y enlace con otros sectores del Estado.
El programa es similar al de la alcaldía de Petro, cuando el hoy ministro era secretario de Salud. Foto:Sergio Acero – EL TIEMPO
En cifras oficiales, el programa luce ambicioso: más de 10.000 Equipos Básicos asignados en los 32 departamentos, con presencia en 1.103 municipios y 18 áreas no municipalizadas. Entre 2023 y septiembre de 2025, según el Ministerio, los EBS habrían atendido 7,4 millones de hogares en zonas rurales y urbanas.
El costo de esa apuesta también es histórico. De los $8,2 billones invertidos por el Gobierno desde agosto de 2022 en fortalecimiento del sistema de salud, $4,2 billones fueron asignados exclusivamente a la conformación y operación de los Equipos Básicos de Salud. El resto se distribuyó en infraestructura hospitalaria, dotación, transporte asistencial y programas de salud pública.
El Ministerio asegura que los recursos son objeto de seguimiento riguroso, que las entidades territoriales y las Empresas Sociales del Estado cargan la información al sistema SISPRO y que existe evaluación permanente de la ejecución. También sostiene que los EBS han contribuido a mejorar indicadores como la valoración integral de niños y adultos mayores, la captación temprana de gestantes y la reducción de la mortalidad materna y por desnutrición.
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Sin embargo, detrás de ese relato oficial, crece una pregunta que hoy atraviesa al sistema de salud colombiano: ¿dónde están los informes públicos, los datos detallados y la rendición de cuentas de la mayor inversión en atención primaria de la historia reciente? Porque organizaciones, gremios, expertos y académicos llevan meses solicitando datos para poder evaluar el verdadero impacto de la iniciativa.
Millas de millones sin trazabilidad clara
Aunque el Ministerio repite que ha destinado $4,2 billones a los EBS, distintos actores coinciden en un punto: no existe información pública clara, sistemática y verificable sobre cómo se están ejecutando esos recursos, cuántos equipos existen realmente, cómo se contrata su personal, cuánto cuesta cada equipo, dónde operan y qué resultados concretos están produciendo.
La preocupación se agrava en medio de la crisis financiera del sistema de salud. Las EPS, clínicas, hospitales y proveedores denuncian desfinanciación, retrasos en pagos, escasez de medicamentos y colapso de servicios, mientras una porción significativa de los recursos públicos se canaliza hacia una estrategia cuya ejecución no es transparente.
La controversia escaló cuando, en 2024, el Ministerio de Salud intentó financiar parte de los EBS a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, del dinero que se gira a las EPS para garantizar la atención de los afiliados. En 2023, mediante resoluciones, el Gobierno ordenó que al menos el 5% de la UPC se destinara a la operación de los Equipos Básicos de Salud.
El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa en repetidas ocasiones. Foto:Presidencia
La Corte Constitucional frenó esa decisión. En una medida cautelar, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 ordenó la inaplicación de las normas que destinaban ese porcentaje de la UPC a los EBS, al advertir que la medida podía disminuir los recursos disponibles para garantizar los servicios del Plan de Beneficios en Salud y generar un desequilibrio financiero en el sistema.
El alto tribunal fue contundente: el Ministerio no aportó estudios técnicos que respaldaron la decisión ni desarrollaron una fuente adicional de recursos que compensara la sustracción del 5% de la UPC. Para la Corte, ese destino ponía en riesgo la suficiencia financiera del sistema y afectaba directamente la prestación de servicios.
La discusión dejó al descubierto un problema de fondo: el Gobierno buscaba financiar su programa bandera de atención primaria con los mismos recursos que hoy resultan insuficientes para sostener la atención de millones de pacientes.
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El silencio del Ministerio
A esa controversia se suma el reclamo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que desde agosto de 2025 viene solicitando al Ministerio de Salud información básica sobre los EBS: cuántos equipos existen, cómo están conformados, bajo qué modalidades se contrata su personal y cuánto se les paga.
La respuesta, según la ACSC, ha sido el silencio. La entidad tuvo que interponer una acción de tutela, fallada a su favor, y posteriormente un incidente de desacato, ante la negativa del Ministerio de entrega de información de fondo.
Para el presidente de la Asociación, Agamenón Quintero, resulta incomprensible que el Ministerio haya invertido más de $4 billones en los EBS y no tenga claridad sobre cómo se usaron esos recursos por parte de los hospitales. Según el gremio, las respuestas oficiales no solo evaden las preguntas, sino que contradicen los propios lineamientos técnicos del Ministerio.
Aunque la cartera sostiene que la vigilancia corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, el propio documento técnico de los EBS establece que la información debe recogerse a través del SISPRO, sistema administrado por el Ministerio. Sin embargo, según la ACSC, no se están cumpliendo los informes, el Ministerio no exige su entrega y tampoco informa de esa omisión a la Superintendencia.
Académicos, exministros y sociedades científicas cuestionan la falta de información pública. Foto:minsalud
Pero las críticas no provienen solo de los gremios. Desde la academia y la investigación en sistemas de salud, los cuestionamientos son aún más severos. Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, advierte que el propio Ministerio reconoce una inversión de $4,2 billones para más de 10.000 equipos, pero no existe claridad sobre el origen ni la ejecución de esos recursos, menos aún en un contexto electoral. Para Hernández, no hay indicadores, ni monitoreo programático, ni evaluación de impacto poblacional.
El académico sostiene que la estrategia EBS está repitiendo los errores del modelo de “Salud a su Casa” en la alcaldía de Petro: caracterización de familias sin una canalización efectiva al sistema de aseguramiento. En su concepto, los EBS ignoran el sistema de aseguramiento, carecen de un sistema de información robusto, no tienen rutas claras, enfrentan falta de citas, procedimientos y medicamentos, y presentan graves fallas en referencia y contrarreferencia.
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A ello se suma, según Hernández, el riesgo de uso político de los recursos, dada la alta visibilidad territorial, la contratación de personal y la presencia directa en comunidades. Para él, el problema central no es jurídico sino de gobernanza: la ausencia de información pública alimenta la percepción —y el riesgo real— de utilización política de la salud.
Johnattan García-Ruiz, investigador de sistemas de salud global en Harvard, es aún más crítico. Para él, un grupo de trabajadores que visitan hogares no constituye un sistema preventivo. A su juicio, los EBS son “la iniciativa más costosa, de menor impacto y menos transparente” del actual gobierno.
El Ministerio no presenta informes claros sobre la ejecución, resultados ni contratación de los EBS. Foto:minsalud
García-Ruiz denuncia que no hay certeza sobre las cifras, que la misma página del Ministerio desmentía la existencia de 10.000 equipos y que, tras sus cuestionamientos, esa página fue desmontada. Afirma que los contratos son temporales, de dos o tres meses, y que un mismo equipo puede contarse varias veces.
Según el seguimiento que ha hecho el académico de esta iniciativa de salud pública, no existen estudios de impacto, ni informes de rendición de cuentas, ni información sobre medicamentos, frecuencia de visitas o continuidad de la atención. Para el investigador, no hay relación comprobada entre la disminución de indicadores de mortalidad y la presencia de los EBS, y las gráficas utilizadas por el Gobierno para defender esa tesis son incompletas.
En municipios con alta desnutrición infantil, señala, los equipos ni siquiera estaban activos. Para García-Ruiz, el Gobierno ha ocultado cifras y ha atribuido a los logros de EBS que no les corresponden.
Por su parte, Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud y exministro de Salud, coincide en la preocupación por la falta de control y rendición de cuentas sobre recursos que superan los $4 billones anuales.
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Recuerda que en un debate de control político en 2024, el propio ministro sugirió que los recursos enviados a alcaldes y gobernadores pudieran estar financiando campañas pasadas o futuras. Para Galán, esa afirmación, que pasó casi desapercibida, revela el riesgo político del programa.
El exministro compara el modelo con la experiencia de Bogotá durante la alcaldía de Petro, que calificó como un ejercicio de burocracia con alto gasto de funcionamiento y bajo impacto real en salud. A su juicio, los equipos multidisciplinarios pueden ser útiles si hacen parte de una estrategia intersectorial, con indicadores claros y resultados medibles, como ocurrió en Caldas. Pero los EBS, tal como están concebidos hoy, no son una gran estrategia ni un sistema de salud.
Los EBS, emblema del Gobierno Petro, concentran millas de millones de pesos sin trazabilidad pública. Foto:minsalud
Hoy, el programa bandera del Gobierno Petro en salud enfrenta una paradoja: es la mayor inversión en atención primaria de las últimas décadas, pero también una de las estrategias más opacas del sistema. Sin informes públicos, sin bases de datos abiertas, sin evaluación independiente y sin rendición de cuentas, los Equipos Básicos de Salud se han convertido en un símbolo de la distancia entre el discurso oficial y la realidad del sistema.
Mientras hospitales colapsan; EPS acumulan deudas y son intervenidas; y los pacientes enfrentan barreras de acceso, $4,2 billones de pesos siguen sin una trazabilidad clara. Y en un sistema de salud en crisis, la falta de información ya no es un detalle técnico: es, para muchos expertos, el síntoma más grave de un modelo que prometió transformar la atención primaria, pero que aún no demuestra cómo, con qué resultados ya qué costo real.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
