En Ecuador, el tercer peor país del mundo para trabajar, hay gente que trabaja parada hasta 12 horas diarias.
Es inaudito, una forma de esclavitud en la que nadie repara. En Ecuador, el tercer peor país del mundo para trabajar después de Bangladesh y Bielorrusia, hay personas en almacenes que, por disposición de sus empresas, ‘atienden’ paradas, sin poder descansar, durante 8 ya veces más horas al día. El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI destacó que los derechos de los trabajadores se encuentran en “caída libre”. Ninguna empresa se salva. Ni las ‘más pintadas’ se salvan. Cadenas de supermercados: entrando, a su derecha encontrarán a la primera pobre persona esclavizada, sin poder sentarse, exponiéndose a sufrir flebitis -várices en las piernas, desmotivada, aunque a usted le dibuje una sonrisa. Va a un centro comercial; antes de entrar, encontrarán al joven que, sin poder descansar sino solo al momento de almorzar, hará su control de seguridad durante 8 o más horas al día, de pie. Cuánta indolencia. En ese mismo centro comercial, en los almacenes, la persona que está en caja, pudiendo tener un sitio para sentarse, para descansar, está parada, al igual que las demás personas que atienden; ninguna puede estar ni siquiera arrimada para descansar. La pregunta que nos hacemos es: ¿podrían los jefes, gerentes, directores, dueños de esas empresas, incluso estar dos horas paradas? No se diga repetir este maltrato laboral durante días, durante años. ¿Hasta cuándo…? ¿Qué dice el Ministerio de Relaciones Laborales? ¿Qué dice la Asamblea Nacional?
Diego Fabián Valdivieso Anda
Cuando la justicia pierde el rostro: lecciones éticas de una crisis institucional
La Función Judicial del Ecuador atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las denuncias públicas, las solicitudes de renuncia provenientes del Ejecutivo y de gremios profesionales, las investigaciones en curso y el anuncio de un eventual juicio político han colocado a la cabeza del sistema judicial en el centro de una controversia que trasciende a las personas y golpea, de frente, a la credibilidad de la justicia como institución. Más allá de nombres propios, el problema es estructural. Cuando quien preside la Función Judicial, aparece rodeado de cuestionamientos, propios o derivados de su entorno familiar, el daño no es solo reputacional, sino profundamente institucional. El ciudadano común se pregunta, con razón, cómo confiar en jueces y tribunales si la máxima autoridad del sistema es objeto de sospecha pública. Esa duda erosiona el Estado constitucional de derechos y justicia proclamado en el artículo 1 de la Constitución de 2008. Desde el plano constitucional, el Ecuador reconoce la independencia judicial, la seguridad jurídica y el debido proceso (arts. 75, 76 y 82 CRE). Estos principios no son meras declaraciones: son obligaciones concretas del Estado. La Corte Constitucional ha reiterado, en sentencias ejecutoriadas y de cumplimiento obligatorio, que la apariencia de imparcialidad es tan relevante como la imparcialidad misma. Cuando esta se ve comprometida, la confianza social se resquebraja.
En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, consagra el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial (art. 8). La Corte Interamericana ha advertido que los Estados deben prevenir cualquier interferencia política, personal o económica en la administración de justicia, pues ello vulnera no solo derechos individuales, sino la democracia misma. La moraleja de esta debacle es clara y dolorosa: la justicia no puede convertirse en un espectáculo político ni en un campo de disputa de poder. Tampoco puede escudarse en formalismos para ignorar el clamor ciudadano por transparencia y ética pública. El principio de presunción de inocencia debe respetarse, sin duda; pero ello no excluye la responsabilidad política y administrativa de quienes dirigen las instituciones clave.
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, el llamado es respetuoso pero firme: que las autoridades competentes actúan con seriedad, apego constitucional y responsabilidad histórica. O se corrigen las distorsiones que hoy avergüenzan al sistema judicial, o se normaliza el caos como forma de administrar justicia. Y si esa es la decisión, que se lo diga con honestidad al país.
Elio Roberto Ortega Icaza
