El 23 de febrero de 2021 las autoridades mexicanas anunciaron que otorgarían una reparación digna a los deudos de los migrantes guatemaltecos que habían sido ejecutados un mes antes en una localidad del municipio de Camargo, en Tamaulipas, México.
“El compromiso es que se haga justicia, que se castigue a los responsables y se les dé esa satisfacción a los familiares”, dijo el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en relación con el proceso judicial que se seguía y al pago de una compensación económica.
Hoy, los presidentes de México y Guatemala ya no son los mismos, Encinas es embajador de este país ante la Organización de Estados Americanos y las familias de las víctimas de la masacre de Tamaulipas todavía esperan la reparación ofrecida.
“Algunos de los familiares ya fallecieron”, relata con frustración Marco Antulio Pablo. “Se quedaron esperando la reparación que ofreció el gobierno mexicano”, lamentó. Marco es padre Anderson Pablo y habló con La Hora sobre aquel fatídico 22 de enero de 2021, cómo han transcurrido estos años y el olvido en el que, asegura, ha quedado el hecho.
Anderson junto con otros 16 migrantes y dos coyotes (19 personas en total) fueron interceptados en un camino cercano a la línea fronteriza entre EE.UU. UU. y México, por hombres armados que les dispararon y luego aprendieron fuego a los cuerpos.
Marcos recuerda ese día con mucho dolor. En ese entonces su hijo tenía 16 años y se había marchado, como lo hacen miles de jóvenes en el occidente guatemalteco, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. En Guatemala se habían quedado sus padres y nueve hermanos.
Del total de las víctimas 11 eran de Comitancillo, San Marcos, una comunidad a 280 kilómetros de la capital guatemalteca en la que contrastan las casas de adobe de muchos de sus habitantes con construcciones de tres, cuatro y hasta cinco pisos que han sido erigidos gracias al dinero de las remesas familiares.
OLVIDADOS
Marcos lamentó que las familias de Comitancillo que sufrieron la muerte de sus seres queridos en la masacre de Camargo quedaron en el olvido. “Si se recordaran de esto, estarían con nosotros en esta lucha, pero ni el gobierno ni el alcalde saben de la tragedia ahora”, dijo en una conversación por teléfono.
Afirmó que la situación socioeconómica del pueblo sigue tal como estaba en 2021, con pocas oportunidades de desarrollo, escaso empleo y con acceso limitado a los programas sociales del gobierno central. Sobre esto último lamentó que, aunque las familias han presentado solicitudes, no han sido tomadas en cuenta.
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La población se dedica a la siembra de papa, maíz y frijol, pero lo que cosechan solo les alcanza para su consumo diario no para comercializar. Algunos logran trabajos por día, en terrenos privados o bien sea en quehaceres domésticos, gracias a familias que tienen posibilidades de pagar jornales por las remesas que reciben.
Por eso las noticias sobre las acciones antiinmigración del Gobierno de EE.UU. UU. También preocupan a las familias porque están conscientes de que eventuales deportaciones de migrantes de Comitancillo les afectarán a todos. “Por eso estamos frustrados y desanimados por el poco apoyo”, expresó Marcos.
Este 22 de enero de 2026 las familias se reunirán en el pueblo para recordar a sus seres queridos que fallecieron y les harán un homenaje.
El gobierno mexicano tampoco responde. Aunque a nivel judicial ya ha habido condenas (12 expolicías federales fueron sentenciados a 50 años de prisión en octubre de 2023), la compensación económica no llega.
“Nuestros hijos no tienen precio, no eran animalitos que uno los va a vender a la feria, pero ellos iban con el objetivo y la mentalidad de apoyar a las familias y aportar algo al municipio ya nivel nacional”, reflexionó.
“La sentencia ya se dio, ellos saben que son autoridades mexicanas —las responsables—, pero nos han ignorado, quisiéramos que nos cumplieran pero no lo hacen”, reclamó Marcos, cuyos otros nueve hijos son menores de edad y aún dependen económicamente de él.
SIN POSTURAS
La Hora intentó conocer posturas por parte de diversas instituciones de Gobierno, pero no fue posible.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que el Consejo Nacional de Apoyo al Migrante de Guatemala (Conamigua), tampoco dio información de cómo avanza el proceso de reparación digna.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) también ofreció averiguar cómo marcha el proceso, pero al cierre de esta nota tampoco había respondido. La Embajada de México en Guatemala tampoco ofreció comentarios y se limitó a indicar que al proceso le ha dado seguimiento la sede diplomática guatemalteca en México.
