El ministro de la Defensa Nacional Henry David Saenz se refirió a la posibilidad de que pandilleros de alta peligrosidad, como Aldo Dupie Ochoa, alias el Lobosean recluidos en prisiones ubicadas dentro de instalaciones militaresy aunque afirmó que, en relación con la crisis actual esto todavía no se ha discutido, es algo con lo que el Ejército está familiarizado.
«Eso ya lo estábamos haciendo desde hace muchos años atrás», destacó el jefe de la Defensa Nacional, al recordar que en el cuartel Matamoros, en la zona 1, y en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, hay antecedentes de privados de libertad que han sido clasificados de alta peligrosidad.
El general Saenz agregó que por el momento todavía no se ha discutido en qué tipo de prisión pueden quedar excluidos estos reos, pero que al Ejército como tal no le competencia decidirlo, sino que es un juez quien determina las condiciones de privación de libertad de cada reo.
Por el momento, dijo, el papel de la institución armada se limita a colaborar con el control de las prisiones, específicamente con el círculo tres de seguridad, para que el Sistema Penitenciario haga sus funciones «con normalidad».
AISLAMIENTO TOTAL
Especialistas en temas de seguridad consultados por La Hora coincidieron en que el abordaje de los recursos que sean considerados de alta peligrosidad debe incluir el componente del aislamiento total.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», destacó el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida. En esta prisión, resaltó, tampoco tienen derechos de visitas o de hacer llamadas.
Sin embargo, dijo que debe haber claridad de qué reos se consideran de alta peligrosidad, quienes se clasifican como pandilleros o terroristas.
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El también docente universitario de la clase de Seguridad Pública y Criminología agregó que para enfrentar la emergencia actual se tiene que fortalecer la infraestructura existente, específicamente construir celdas de tres por dos metros, con ducha y sanitario, y que garantizan que los recursos no permanecerán fuera por más de dos horas. Todo esto para garantizar el aislamiento del río.
Estas deben ser hasta que se cuente con un centro de máxima seguridad similar al que ya existe en El Salvador «porque se ve que les está funcionando», acotó medidas en Mérida. El Cecot, «es un modelo replicable con opciones adaptativas para cada país», subrayó.
Por aparte, un doctor en Criminología que pidió que no se publicara su nombre porque ha sido objeto de amenazas por parte de pandilleros, expuso que el aislamiento de los recursos de alta peligrosidad es «vital» para garantizar que estos no se comunicarán con los subalternos o con poderes medios de la pandilla.
PRISIONES MILITARES
El experto considera que los reos peligrosos deben ser trasladados a otras instalaciones y cree que los cuarteles militares podrían ser de utilidad para conseguir un aislamiento total, incluso de familiares y amigos, para garantizar el «control absoluto» de los privados de libertad.
«Alguien debe de tomar el control y mantener el orden público, por ley es el Ministerio de Gobernación, a través de la PNC, pero ahora, habiendo convocado al Ejército puede ser un buen momento para que este se involucren de lleno», aseveró.
«El control militar enviaría un mensaje claro de que se está tomando el problema con seriedad y no solo mediáticamente», añadió el experto.
Por el contrario, Mérida opina que utilizar un cuartel militar para presos «VIP» es algo que no debe tener cabida en una democracia y en un sistema republicano. «Eso hace perverso el proceso, los cuarteles son eso, cuarteles no cárceles VIP», apuntó.
El analista le apunta a una cárcel de máxima seguridad que tenga estándares para el resguardo de reos de alta peligrosidad y que «nos guste o no, responde a todas las convenciones de derechos humanos que Guatemala ha firmado».
Pero, aparte de esta prisión, según Mérida, es preciso fortalecer al Sistema Penitenciario y dotar de mejor equipo a los guardias, aumentarles el salario e incluso cambiarles los uniformes «arratonados, que demeritan la imagen de confianza que debe transmitir su trabajo».
El Sistema Penitenciario no respondió a una solicitud de información de La Hora sobre el número actual de privados de libertad y cuántos de estos se encuentran en instalaciones militares.
No obstante, según informes de prensa recientes, más de 23 mil personas guardan prisión en las cárceles del país, una sobrepoblación de 260 por ciento (%), una pequeña cantidad —poco menos del 2%— se encuentra recluida en cárceles construidas en cuarteles.
¿EN OTRO PAÍS?
Saenz prefirió no hacer comentarios acerca de la posibilidad de que reos como el Lobo puedan ser enviados a una prisión de otro país. Esto es algo que deben responder el presidente de la república o el ministro de Gobernación, explicó.
«Nosotros estamos en apoyo general a las condiciones que se están presentando en el país, en el ámbito de la seguridad pública», indicó.
La ley antipandillas aprobada por el Congreso en octubre del año pasado, permite al Gobierno firmar convenios bilaterales con otros países para trasladar a reos que sean considerados de alta peligrosidad.
Actualmente, El Salvador es de los pocos países que cuenta con una cárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40 mil internos.
La ley antipandillas, oficialmente Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, fue aprobada como respuesta a la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II, la cual se dio a conocer el 12 de octubre pasado.
OPERATIVOS
El Ejército cobra esta semana un papel más activo a raíz del estado de sitio que el presidente Bernardo Arévalo decretó el pasado fin de semana, producto de una serie de motines en cárceles del paísincitados por pandilleros de las maras 18 y Salvatrucha, a lo que se sumó una ola de atentados en contra de las fuerzas policiales que se cobró la vida de 10 agentes y dejó otra decena de heridos.
En los motines, los reclusos exigían el traslado de sus líderes a las prisiones donde antes estaban excluidos o bien sea, mejores tratos, que incluyen camas cómodas y aire acondicionado. Las autoridades rechazaron las peticiones y dijeron que no negociarían con «terroristas».
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En respuesta se produjeron varios ataques que causaron zozobra en la población, principalmente en la capital. Como consecuencia, los colegios, varias universidades y otros centros de trabajo suspendieron las actividades presenciales, aunque estas se retomaron el martes.
Sáenz considera que existe un plan orquestado que tiene por objetivo desestabilizar al gobierno de Arévalo, sin embargo, en una entrevista con La Hora garantizó que el Ejército se asegurará de que el gobernante entregue el cargo hasta el 14 de enero de 2028como lo establece la Constitución.
«Para mí, totalmente al 100 por ciento es una acción desestabilizadora», comentó el funcionario al hablar de la serie de motines y ataques armados que sufrió la Policía el domingo 18 de enero por la mañana. Sin embargo, fue contundente al decir que «no va a haber acción desestabilizara suficiente» para evitar que Arévalo cumpla con el período de su mandato.
«El Ejército se va a encargar de eso», sentenció.
