El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha alertado este jueves desde Davos de la “importancia crítica” del acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, al día siguiente de que el Parlamento Europeo votara recurrir el texto ante la justicia comunitaria. Sin embargo, este movimiento no impide que se implemente de “manera inmediata” el acuerdo, ha recordado Cuerpo, quien ha indicado que España trabaja en ese sentido.
“No es la primera vez que sucede y esto no quita a que se pueda comenzar de manera inmediata con la implementación y para eso va a empujar a España”, ha señalado el ministro. “En esta situación estamos por ejemplo con el acuerdo con Canadá, un acuerdo que no ha terminado su proceso de ratificación pero que ya se está implementando desde hace años”.
Cuerpo ha registrado que según un estudio reciente de ECIPE, cada mes que se retrase la puesta en marcha del acuerdo supone unos 4.000 millones de euros de PIB no generados para la Unión Europea. Por ello, “no hay tiempo que perder”.
El ministro ha defendido los beneficios de “este acuerdo sin precedentes, con muchos efectivos positivos para Europa y en particular para España” por ser nexo entre los dos continentes, en particular para el sector primario, el más reticente a su aprobación. “Algunos productos como el aceite de oliva y el vino, que son de los más afectados por los aranceles ahora mismo en Estados Unidos, son los que van a ver más incrementadas sus exportaciones a la zona de Mercosur. Además, ese acuerdo incluye garantía para proteger al sector primario, incluyendo al sector de la ganadería”, ha dicho.
Por último, ha recalcado que los beneficios del acuerdo con Mercosur van “más allá de lo comercial, porque supone también el acceso a la diversificación, por ejemplo, de materias primas o de tierras raras, cada vez más importantes para Europa como para España”.
La Eurocámara votó el miércoles impugnar el acuerdo comercial firmado con Mercosur ante la justicia comunitaria. Esta podría tardar hasta dos años en pronunciarse, por lo que la decisión de los europarlamentarios amenaza con retrasar su entrada en vigor.
