Cada verano, los incendios forestales dejan de ser una amenaza abstracta para convertirse en una tragedia concreta. Viviendas destruidas, economías locales paralizadas, ecosistemas dañados por décadas y comunidades enteras viviendo bajo el humo y la incertidumbre. Sin embargo, y pese a la reiteración del desastre, Chile continúa enfrentando esta emergencia sin una herramienta legal moderna y eficaz: la Ley de Incendios sigue atrapada en el Congreso, acumulando ya dos años de discusión sin resolución.
No se trata de una ley más. La Ley denominada de Incendios busca establecer un marco integral para la prevención, mitigación y responsabilidad frente a siniestros forestales, abordando desde la planificación hasta las sanciones. Su demora no es neutra: tiene consecuencias reales en los territorios, especialmente en regiones donde la interfaz urbano-rural se ha expandido sin regulación suficiente y donde el riesgo de incendios es una constante.
El debate legislativo ha puesto el acento, principalmente, en el endurecimiento de sanciones y multas. Sin duda, perseguir con mayor eficacia a quienes provocan incendios —por negligencia o intencionalidad— es necesario. Pero reducir la ley a un enfoque punitivo es un error. La prevención requiere algo más complejo y menos vistoso políticamente: incentivos claros para el manejo responsable del territorio, financiamiento estable para las instituciones a carga, coordinación intersectorial y reglas claras para quienes habitan o producen en zonas de alto riesgo.
Mientras el proyecto avanza a paso lento entre reparaciones presupuestarios y desconfianzas ideológicas, los incendios no esperan. Cada temporada estival vuelve a demostrar que reaccionar no basta. Sin una ley que ordene, prevenga y anticipe, el Estado seguirá actuando de manera fragmentada, con esfuerzos que muchas veces se diluyen frente a la magnitud del problema.
Aquí es donde falta de lado y lado una mirada de Estado. Perfeccionar la Ley de Incendios es legítimo y necesario, pero prolongar indefinidamente su tramitación es una irresponsabilidad. El costo de esa parálisis no se mide en páginas de proyectos rechazados o indicaciones pendientes, sino en hectáreas quemadas, en comunidades evacuadas y en recursos públicos que se van literalmente en humo. Pero también es cierto que el aprobar una ley cuyo financiamiento no está asegurado es solo agregar tinta a un mar ya saturado de solo papeles.
Chile no necesita más diagnósticos ni discursos estacionales. Necesita acuerdos, legislación moderna y voluntad política para enfrentar un problema que llegó para quedarse. La Ley de Incendios puede ser una herramienta clave para cambiar el enfoque desde la reacción a la prevención, pero solo si con sentido de urgencia se logran los acuerdos necesarios y no se busca la ganancia política de corto plazo. Porque cuando la ley se retrasa, el fuego avanza.
Luis Fernando González V.
Subdirector
El artículo Una ley urgente de incendios. se publicó primero en El Rancagüino.
