Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL)lo que equivale a una tasa de 258 cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. El promedio del crecimiento de la población carcelaria (7,1 %) fue incluso superior al que se venía registrando anualmente durante los últimos 25 años (6%).
Los datos son parte del documento. “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina. Año 2024” que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT)organismo a cargo de inspeccionar establecimientos de encierro del país.
El documento agrega que al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario argentino registraba 121.443 personas privadas de la libertad con un nivel de ocupación del 130,2% de su capacidad. Esto implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.
En 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó.
Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: córdoba encabeza la lista, con casi 377 personas privadas de la libertad(PPL) cada 100.000 habitantes. Le siguen: Mendozacon 308; buenos airescon 305; Santa Fécon 286 años Saltacon 267.
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El CNPT subraya que el problema de la sobrepoblación no debe abordarse exclusivamente ampliando la red penitenciaria ya que sus causas radican en: el uso sistemático de la prisión preventiva; el incremento de personas condenadas a penas cortas; el aumento de la severidad de la legislación penal, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión y las modificaciones legislativas regresivas en materia de ejecución penal.
Otro punto que destaca el informe del CNPT es el aumento en términos absolutos de la cantidad total de personas presas de forma preventiva. En términos absolutos, en solo tres años pasaron de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024, lo que representa un crecimiento de cinco puntos porcentuales.
En comparación con los varones, las mujeres y las personas trans presentan niveles superiores en el uso de la prisión preventiva.
Además, advierten desde el comité, las personas condenadas a penas de hasta tres años —es decir, por delitos de escasa o nula lesividad— rrepresentan el 17% de la población condenada en cárceles del país (12.787 personas). En 2022, las personas con condenas de corta duración representaban el 13,5 %.
La situación procesal de las personas privadas de la libertad muestra que la mayoría cuenta con una condena firme. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.
Una lectura retrospectiva de estos datos indica que la proporción de personas condenadas registra un aumento sostenido, y que la población con prisión preventiva disminuyó de manera considerable durante los últimos dos años. Sin embargo, esta disminución es relativa ya que este cambio se produjo en un contexto de inflación carcelaria. En términos absolutos, la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer: en solo tres años aumentó cinco puntos porcentuales, pasando de 43.191 personas. procesadas en 2022 un 45.305 en 2024.
penas cortas
Otro eje de especial interés para el CNPT es el monto de las penas impuestas a la población condenada, con particular atención en las condenas de hasta tres años.
Se trata de un dato de alta relevancia para la política criminal, ya que estas condenas corresponden a delitos excarcelables bajo determinadas condiciones y, por su naturaleza, podrían admitir la aplicación de alternativas al encierro. Por lo general, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento e infracciones a la ley de drogas, entre otros.
“Lejos de avanzar en ese sentido, la ejecución efectiva de las penas cortas continúa en aumento”. En 2022, las personas con condenas de corta duración representaban el 13,5% del total de personas condenadas; para 2024, esta proporción se incrementó al 17 %.
Los tribunales se encuentran facultades para disponer que estas penas sean de ejecución condicional, bajo determinadas condiciones, salvo en los casos en que la persona registre condenas anteriores, según el informe.
Medidas de seguridad por motivos de salud mental.
El informe también analiza el alojamiento en establecimientos penitenciarios de personas a quienes se les ha dictado una medida de seguridad curativa por motivos de salud mental. Al 31 de diciembre de 2024, 256 personas se encontraron alojadas en cárceles, unidades y complejos penitenciarios bajo esta condición, lo que representa el 0,2 % de la población encarcelada.
Según el informe, el alojamiento de este grupo en establecimientos penitenciarios genera múltiples vulneraciones de derechos.
Las prisiones operan bajo una tensión permanente entre los objetivos tratamentales y securitarios, priorizando, por lo general, estos últimos. “Como resultado, los abordajes en materia de salud mental resultan deficitarios y, en muchos casos, inexistentes”.
