Desde el 2020, Guatemala cuenta con US$300 millones para invertir en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las dependencias del sector justicia, fondos que provienen de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Ministerio de Gobernación (Mingob), es una de las cuatro instituciones responsables por la ejecución de los fondos del préstamo, que entre sus proyectos contemplan la construcción de la cárcel de cumplimiento de condena para hombres en Masagua, Escuintla.
El dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso señala que del total del préstamo, US$175 millones (unos Q1 mil 330 millones) se destinarían para el Mingob, específicamente para la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP). El resto de los recursos está asignado al Organismo Judicial (OJ), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El Mingob creó la Unidad Especial de Ejecución del Programa (UEEP) para la administración de los recursos del préstamo. Según el portal Guatecompras, la UEEP registra adquisiciones por Q1 mil 3 millones 329 mil 540 entre septiembre del 2021 y octubre del 2025.
La contratación más cuantiosa corresponde al diseño, construcción y equipamiento de la cárcel de masagua, por Q668 millones. Sin embargo, el proyecto, adjudicado en agosto del 2022, está en el limbo debido a retrasos por procesos administrativos y de costos.
La construcción de la cárcel se adjudicó a Innovaciones Técnicas en Cimentación, SA de CV, que, según los documentos publicados en Guatecompras, estimó que la primera fase (preinversión) duraría cinco mesesy la segunda (construcción y equipamiento), 13 meses.
El Mingob también autorizó un contrato de prestación de servicios de consultoría para la elaboración del diseño del inmueble en Masagua por Q17millonescon el que se benefició a la entidad mercantil Inmobiliaria Rancho Sierra, Sociedad Anónima —se incluye el estudio de prefactibilidad—.
A mediados de julio del año pasado, Francisco Jiménez, entonces ministro de Gobernación, indicó que el valor asignado al proyecto había cambiado por temas de inflación y por la oposición de comunidades cercanas al terreno donde se construiría la cárcel. Por esa situación, las autoridades analizan si continuar con el proyecto en Masagua o trasladarlo de lugar, y las alternativas que se han planteado son Petén y Zacapa.
“Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año”, señaló Jiménez en julio del año pasado.
Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, dijo en noviembre pasado que esperaban solventar esos inconvenientes para iniciar la obra.
El terreno en donde se piensa construir la cárcel en Masagua ya cuenta con estudios de impacto ambientalde suelos, hidrológico y el Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (AGRIP), por lo que trasladar el centro a otro lugar implicaría realizar de nuevo los análisis técnicos.
Por otro lado, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas, reporta que durante el 2025 el Mingob previó gastar Q250.8 millones del préstamo para la construcción de la cárcel en Masagua, monto que se modificó a Q61.5 millones, pero los fondos no se ejecutaron. Para este año se volvieron a asignar los Q250.8 millones.
Al respecto, Carlos Barreda, diputado al Parlacén e integrante de la Bancada Guatemala, menciona que los préstamos sin ejecutar, como el del BCIE, representan una “pésima” decisión económica que afecta las finanzas públicas del país, porque se están pagando intereses por “tener el dinero guardado”.
Esa falta de ejecución la calificación como “un desastre” que debería conllevar sanciones a los funcionarios responsables por parte de la Contraloría General de Cuentas, pues —afirma— hay negligencia, incumplimiento de deberes y afectación al patrimonio públicoya que se pagan intereses por fondos prestados para la construcción de la cárcel en Masagua, que no se han invertido.
Ampliación de infraestructura
Con el préstamo del BCIE se adjudicaron 10 eventos para la ampliación de infraestructura de la PNC por Q71.6 millones, con los que se construirían estaciones, subestaciones y sedes policiales en los municipios de Huehuetenango, Suchitepéquez, Santa Rosa, Jalapa y Guatemala. Los costos de los inmuebles oscilan entre Q3 millones y Q9 millones.
El proyecto con mayor inversión es el de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. La adjudicación fue para una construcción de 695 metros cuadrados para una estación de la PNC. Las especificaciones en Guatecompras indican que es un edificio de tres niveles con oficinas, algunos dormitorios, baños, duchas, gimnasio, sala de estar, lavandería y patio. La capacidad del edificio es para albergar hasta 70 elementos. Según el Sistema Nacional de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el proyecto ya fue finalizado.
Millones en asesorías y equipamiento
Hay otros 25 eventos adjudicados con fondos del préstamo relacionados con servicios de consultoria en áreas como asesoría legal, ingeniería civil, reproducción de documentos, archivo y catalogación, logística, finanzas, auditoría y gestión ambiental. Por este asesoramiento, el Mingob autorizó contratos por un total de Q16.3 millones.
Entre estos hay siete consultorías para supervisar la preinversión de un hospital policial y la construcción de estaciones y sedes de la PNC en municipios de Santa Rosa, Suchitepéquez, Guatemala y Jalapa. La adjudicación fue por Q1.8 millones.
Con el financiamiento del BCIE también se adquirieron vehículos para dotar al SP, la PNC y la UEEP, por un monto de Q107.4 millones.
Se autorizó la compra de 2 mil 188 unidades para fortalecer y mejorar la capacidad y efectividad de la PNC en la seguridad ciudadana y persecución del delito. Además, se adquirió un lote de 20 vehículos tipo camión UTP para el SP, con el fin de facilitar el traslado judicial, el abastecimiento de los centros penitenciarios y la respuesta ante emergencias.
También se autorizaron contratos por Q95.1 millones para equipar con tecnología a las sedes policiales, centros de procesamiento de datos y conectividad para el sistema de telecomunicaciones de la PNC.
Se solicitó al Mingob detalle de los proyectos que se han terminado y que se han financiado con el préstamo BCIE 2181, pero al cierre de esta edición no respondió.
