En diciembre del año anterior, los alcaldes de distintas localidades de los 22 departamentos sostuvieron una serie de reuniones con el presidente Bernardo Arévalo para conversar sobre las implicaciones que podría tener la aplicación sin ningún tipo de control del decreto 7-2025, que contiene la Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, conocida como la ley de gasto “exprés” para los Codedes.
A criterio de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), la aplicación de esta norma, tal como fue aprobada por el Congreso, implica una serie de riesgos técnicos, legales y financieros que podrían comprometer la ejecución de las distintas obras a cargo de los Codedes en el interior del país.
Según indicó a Prensa Libre El titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy.ante los riesgos que implica la aplicación de dicho decreto, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con los alcaldes que participará en estas reuniones con el presidente para mantener los controles y lineamientos necesarios que eviten que las obras carezcan de supervisión, así como de estudios y avales al momento de ejecutarlas, con el propósito de reducir riesgos o eventualidades.
“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y los alcaldes, de manera que simultáneamente vamos a distribuir en el territorio –nacional– para tratar de dar asesoría, porque lo que hace el 7-2025 es violentar algunos procesos y los propios alcaldes se dieron cuenta de que eso no es conveniente porque pueden salir mal las obras”, afirmó Godoy.
Revisarán expedientes de proyectos.
El funcionario explicó que la asesoría que se brindará a los alcaldes se realizará a través de las entidades encargadas de asignar y velar por los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, la Secretaría General de Planificación y Programación del a Presidencia, (Segeplán) y el Ministerio de Finanzas Públicas, (Minfin).
“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los alcaldes para que haya disposición en el territorio de Segeplán, del Ministerio de Finanzas y de la Scep, para tratar de dar asesoría a todas las alcaldías. De manera que los proyectos, cuando vengan, ya tengan la mayor cantidad de requisitos cumplidos para garantizar la calidad de las obras”, indicó el secretario.
Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, el Gobierno propuso a los alcaldes una medida importante, la revisión previa de los expedientes de los proyectos.
El objetivo de esta medida es que dichos expedientes estén completos antes de su respectiva aprobación por el Consejo Departamental de Desarrollo, impidiendo así el plazo de cinco días estipulado en la ley de Codedesque habilitaría el uso del llamado “silencio administrativo positivo”, establecido en el último párrafo de la citada norma.
Al revisar y completar los expedientes antes de enviarlos a las entidades correspondientes para la emisión de permisos y avales, se permite una evaluación adecuada, se evita el vencimiento del plazo de cinco días y se previene la aprobación automática por este “silencio administrativo”. Así, también se evita que los proyectos presenten posibles irregularidades o que estén mal elaborados, se indicó.
De acuerdo con el titular de la Scep, todos los alcaldes que participaron en las reuniones con el mandatario estaba de acuerdo con estos procesos. El presidente Arévalo, además, celebró cuatro reuniones en el Palacio Nacional de la Cultura en diciembre, en las que participaron más de 250 jefes ediles de los 22 departamentos.
Aún no se aprueban proyectos bajo Ley de Codedes
Hasta el momento, la Segeplan no reporta aprobación alguna de proyectos para los Codedes bajo el decreto 7-2025.
Dicha secretaría reiteraría que la ley de gasto exprés de los Codedes aplica a las solicitudes de proyectos que ingresaron después del 17 de octubre del año anterior —cuando entró en vigor—. En ese sentido, aseguró que aún no se ha emitido ninguna opinión técnica bajo el criterio del “silencio administrativo positivo” para evaluar proyectos.
Según lo establecido en el decreto 7-2025, se da un plazo máximo de cinco días para que tanto Segeplan como las entidades encargadas de autorizar las obras emitan una respuesta positiva o negativa. También se indica que, si no hay respuesta en ese plazo, las comunas podrán continuar con los procesos de ejecución sin necesidad de una opinión técnica.
Llamado para verificar a los Comudes
La Scep hizo un llamado a las municipalidades que están rezagadas para completar la verificación de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes), ya que el plazo obligatorio para efectuar este proceso finaliza el próximo viernes 30, último día hábil de enero.
Según explicó el titular de la entidad, Víctor Hugo Godoy, las comunas “que no verifiquen a su Comude no acceder podrán a los recursos de inversión pública que son gestionados a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode)”.
También indicó que 190 de las 340 municipalidades del país ya completaron de forma exitosa el proceso de verificación de sus Comudes. La Scep también indicó que las comunas de Santa Rosa, Quetzaltenango y Jutiapa tienen un avance del 100% en la verificación. Las de Petén y de la región suroriental muestran avances del 95% y 79%, respectivamente. Las regiones que presentan mayor rezago son la metropolitana y la central.
Godoy indicó que la verificación de los Comudes por parte de las municipalidades es una “obligación legal” que fortalece la participación ciudadana, garantiza la priorización de proyectos y asegura una asignación transparente de los fondos públicos. Los fondos distribuidos a las comunas provienen del Iva Paz y ascienden a más de Q6 mil millones.
