Editorial
Las sospechas crecen cuando suprimen la fase de entrevistas.
En la borrascosa agitación de la tercera semana de enero del 2026 confluyen varios sucesos, aparentemente inconexos, pero también condiciones preexistentes. Todos se intersecan en que impactan en el mejor interés ciudadano en cuanto a seguridad y certeza. Pero el nodo más notorio es el de la debilidad institucional causada por discrecionalidades, negligencias o labilidades de funcionarios. Los motines carcelarios simultáneos del sábado 17 eran el síntoma repetitivo, pero esta vez agravado, del peligro de las pandillas en un contexto de continua degradación de un sistema penitenciario vulnerable y caduco. Los trasiegos continuos hacen inservibles las requisas, por más efectivas que estas aparenten ser. Los privilegios de recursos desactivarán cualquier mejora de procesos.
En todo caso, la postura asumida por el ministro de Gobernación llevó a una recuperación de los centros, el domingo último por la mañana, pero esto detonó los ataques armados contra policías en varios puntos de la metrópoli. Diez agentes fallecieron y la zozobra dominó el entramado público: desde legítimas expresiones de apoyo —nacional e internacional— a las fuerzas de seguridad y propuestas de acción a corto y largo plazos, hasta predecibles monsergas de políticos y algunos prepresidentes que cuestionan al Ejecutivo.
La gravedad de los eventos justifica el cruce de señalamientos y los endosos de culpas. Pero hay que ir más allá del cortoplacismo, la demagogia y, sobre todo, del fallido mantra de la “mano dura”. Sí, se debe reformular el sistema y la infraestructura de cárceles, pero también debe haber un Organismo Judicial con protocolos adecuados y un Ministerio Público (MP) que trabaje en coordinación con los cuerpos de seguridad y mecanismos de inteligencia civil, los cuales fallaron en evitar esta ofensiva.
Se decreta estado de sitio y el Congreso lo aprueba. Uno de los primeros capturados cae con un teléfono que contiene indicios, en video, de haber participado en el ataque, pero está ligado solo por posesión de arma ilegal y drogas. El MP, fuerte y firme en otros como el asiento a la democracia, salió a explicar que no había indicios suficientes. Se supone que para eso es el plazo de investigación que el juez asigna. Los dos delitos imputados son obviamente flagrantes. A los siguientes pandilleros acusados sí los procesan de asesinato y terrorismo. ¿Fue por las críticas?
En el cotarro político hay dedos apuntándose mutuamente por nexos, intereses, intenciones. El Ejecutivo no escapa de la cadena de negligencias, debido a la larga permanencia del anterior ministro —que no fue capturado ni arraigado—, pero también porque, a pocos días de la rebelión, cámaras de Prensa Libre y Guatevisión captaron a reos caminando libremente en el techo de la derruida Renovación 1. El director de la Policía Nacional Civil señaló a jueces de liberar a pandilleros. Y un pandillero recapturado —de los 20 fugados en octubre— declaró ayer —entre extrañas dilataciones— que fueron sacados en patrullas.
En la postuladora para el Tribunal Supremo Electoral, algunos integrantes acarrean cuestionamientos. Las sospechas crecen cuando suprimen la fase de entrevistas. Después afirman que tal vez hagan una ronda tras una preselección. Para ello deben ser atinados en la calificación de expedientes, sin dejar de lado el criterio de reconocida honorabilidad establecido en la Constitución.
En la Corte Suprema de Justicia siguen enredados los hilos para elegir presidente. Ellos deben asegurar la impartición de justicia, pero también designar magistrados de Corte de Constitucionalidad y la nómina para siguiente fiscal. Si no pueden elegir presidente, ¿podrán hacer bien lo otro?
