También tendrá que ceder sin costo las máquinas entregadas en comodato, como tortilladoras y batidoras, con el objetivo de que los negocios puedan decidir libremente a quién comprar la harina.
“Las y los tortilleros dejarán de estar atados a un proveedor y tendrán mayor libertad para elegir”, señaló el organismo.
Desde la empresa, Gruma informó que el proceso administrativo concluyó de forma definitiva y que el Pleno de la Comisión apoyó las medidas que permitirán cerrar el caso.
La compañía contará con un plazo de entre 90 y 180 días para implementar y documentar las modificaciones a los contratos, así como para comunicar los cambios a sus clientes y establecer los mecanismos de verificación acordados con la Comisión.
“Las acciones están enfocadas en disipar cualquier duda sobre la libertad de los industriales de la masa y la tortilla para cambiar de proveedor de harina de maíz si así lo desean”, indicó la compañía, que también aclaró que no se le exigirá la venta de plantas.
