La caja del Estado está en rojo y el margen de maniobra se agotó. Con un hueco fiscal que oficialmente es de 16,3 billones de pesos, pero que en estimaciones privadas puede alcanzar hasta 40 billones, el Gobierno entró en una carrera contrarreloj para conseguir recursos y evitar que el Presupuesto del 2026 se descuadre desde el arranque.
El resultado ha sido una batería de decisiones excepcionales: emergencia económica, que se busca prorrogar, nuevos impuestos por decreto, contribuciones sectoriales, presión sobre el ahorro pensional y un endeudamiento acelerado y cada vez más costoso.
La magnitud del desajuste ha obligado al Gobierno a acelerar decisiones que, vistas en conjunto, revelan una estrategia agresiva: recoger plata de donde sea para tapar el faltante, cueste lo que cueste.
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La presión no es nueva. Desde hace al menos dos años, los problemas de caja se volvieron evidentes, el recaudo tributario volvió a quedar corto y el gasto siguió creciendo. Pero el arranque del 2026 encontró al Ejecutivo sin mayor margen: sin ley de financiamiento, con la regla fiscal suspendida y con mercados cada vez más exigentes.
Tras la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, el Gobierno decretó una emergencia económica el 22 de diciembre, que ahora busca prorrogar. Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó esta semana que el Ejecutivo trabaja en esa extensión para seguir expidiendo decretos con fuerza de ley.
Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público. Foto:Milton Díaz. El Tiempo
“Tenemos hasta 90 días para poderla tener. Estamos trabajando en la prórroga de la emergencia económica”, dijo el ministroal anunciar que las medidas adoptadas hasta ahora solo han permitido recaudar cerca de 12 billones, insuficientes para cubrir el faltante total. Si no se completa la cifra, reconocerá, habrá que recortar el presupuesto.
Para el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la emergencia no responde a un choque externo, sino a una “profecía autocumplida”: el Gobierno sobreestimó ingresos, programó gasto con recursos que no llegaron y ahora usa la crisis para justificar medidas extraordinarias. A su juicio, el uso de la emergencia para imponer impuestos que no pasaron por el Congreso debilita el equilibrio de poderes.
Impuestos por decreto
Como se recuerda, el decreto de emergencia activó un paquete de medidas tributarias, muchas de las cuales venían de la fallida ley de financiamiento que el Congreso hundió: aumento del impuesto al patrimonio, con tarifas progresivas hasta del 5 por ciento; incremento de 15 puntos en el impuesto de renta a las entidades financieras; reducción del umbral de ‘minimis’ para importaciones de bajo valor (de 200 a 50 dólares).
La Dian adelanta una estrategia de modernización para mejorar su recaudo tributario. Foto:Dian
Una de las que mayor controversia ha generado por su impacto en las finanzas de las regiones ha sido el IVA del 19 por ciento para bebidas alcohólicas de alto grado.. Pero también, el mantenimiento del impuesto del 1 por ciento a la extracción de petróleo y carbón.
Aunque el objetivo es fiscal, el mensaje al mercado es la urgencia de caja un problema que no da espera, coinciden no solo exministros y académicos, sino también analistas y centros de estudios económicos.
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Ahora, la energía
A esta batería se sumó el decreto legislativo que crea nuevas contribuciones a los generadores de energía eléctrica, con el fin de financiar la intervención de Air-e, la empresa que presta el servicio en la región Caribe.
La norma impone una contribución parafiscal del 2,5 por ciento sobre la utilidad antes de impuestos de todos los generadores —hidráulicos, solares y térmicos— y crea, además, una contraprestación del 12 por ciento de la energía vendida en bolsa por las hidroeléctricas en 2026.
Norma impone contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de generadores. Foto:Guillermo Herrera. Archivo EL TIEMPO
Según el análisis de José Plata, socio de Serrano Martínez CMA, el impacto es directo: “Por simple aplicación de la teoría económica, los incrementos en los tributos al productor se trasladan en parte a los compradores vía mayor precio”.
Aunque el decreto afirma que algunos aportes no afectarían tarifas ni despacho, el aumento agregado de la carga tributaria presiona los precios finales y podría terminar reflejándose en la factura de los usuarios.
El decreto deberá ser revisado por la Corte Constitucional, que evaluará incluso si la alza tributaria puede considerarse expropiatoria.
Pension Ahorro
En paralelo, el Gobierno alista un borrador de decreto para repatriar parte de las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones, un monto cercano a 96 billones de pesos, iniciativa que de plano ha sido rechazada no solo por los propios fondos privados, que administran esos recursos —unos 533 billones de pesos en total— sino por diferentes sectores de la economía.
El gobierno busca que más ahorro de las pensiones de millones de colombianos vaya a deuda pública. Foto:iStock
“Traer” inversión pensional del exterior no es mover una cuenta: es desarrollar estrategias que ya están generando rendimiento y rearmarlas en un mercado local más concentrado. El rendimiento no se traslada ni se garantiza: hay riesgo de reinversión, liquidez y precio. El ahorro pensional es sagrado: no puede ser caja menor ni variable de ajuste”, escribió en su cuenta de X María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.
Desde el mercado, la lectura es clara. Para Andrés Pardo Amezquita, Head of LatAm Macro Strategy, este tipo de decisiones no sorprenden, pero sí confirman el deterioro fiscal.
“Es una confirmación de que Colombia lleva ya un buen ritmo con primas de riesgo muy altas comparadas con la región”, explica. El problema, añade, es que hacia adelante genera muchas preocupaciones, porque el ajuste fiscal que necesita el país es “muy grande, muy significativo y casi imposible” de ejecutar en el corto plazo.
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Analistas coinciden en que, si esos recursos regresan, terminarán mayoritariamente en TES, alimentando el endeudamiento interno.
Deuda se acelera
El frente más visible ha sido el endeudamiento. La deuda pública pasó de 805 billones de pesos en agosto de 2022 a 1.176 billones en noviembre de 2025, un aumento cercano al 50 por ciento, más de 370 billones en términos absolutos.
El costo también se disparó. Colombia destina hoy casi un tercio de sus ingresos tributarios al pago de intereses. Solo en 2024, ese rubro rondó los 86 billones de pesos, equivalentes al 4,7 por ciento del PIB, uno de los niveles más altos de la historia.
Hoy, Colombia es el tercer país emergente con la deuda en dólares más cara y uno de los de mayor tasa en moneda local.
Colombia, tercer país emergente con la deuda en dólares más cara y uno de los de mayor tasa en pesos Foto:AFP
“Entre diciembre y enero, el Gobierno se endeudó a tasas históricamente elevadas. Es reflejo de la mayor incertidumbre por el mal momento de las finanzas públicas”, advirtió César Pabón, de Corficolombiana.
Pero que el verdadero riesgo está hacia adelante. Pardo Amezquita, advierte que, si la estrategia actual se mantiene o el escenario de empeoramiento fiscal, el castigo puede ser mayor.
“Ahorita nos estamos preocupando porque las tasas de la deuda colombiana están en 12 o 13 por ciento, pero en un escenario en el que la situación fiscal siga deteriorándose, o haya continuidad en el rumbo actual, el mercado puede exigir tasas mucho más altas. Tasas de 14 o 15 por ciento no son un escenario descabellado”, señala.
El consenso de los analistas es que las decisiones recientes no reducen la prima de riesgo, sino que la consolidan. “Esto no sorprende al mercado, pero sí confirma que el ajuste fiscal que necesita Colombia es muy grande, muy difícil y altamente incierto”, insiste.
Y si bien los elevados montos y operaciones recientes, como la realización a ‘puerta cerrada’ con un único invitado internacional han despertado rechazo y dudas en el mercado, la Contraloría concluyó, en reciente oportunidad, que esas operaciones de diciembre y enero se ajustaron a la ley y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
