La investigación para esclarecer qué ocurrió para que el Iryo 6189 Málaga-Madrid y el Alvia 2384 Madrid-Huelva chocasen el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) discurrirá por dos vías a distinta velocidad.
Por un lado, la instrucción en los tribunales que será dirigida por la jueza de Montoro, que asume su primera gran causa con plaza fija después de terminar su formación en la Escuela Judicial. Tendrá refuerzos por la complejidad del caso. Por otro, las pesquisas técnicas de la mano de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Ambas serán investigaciones largas. Pero que el horizonte sea lejano no impedirá que poco a poco se vaya conociendo detalles sobre la tragedia: el primer informe oficial -que apunta a una fractura previa de la vía como causa del descarrilamiento- está sobre la mesa.
La Fiscalía se ha opuesto a que se declara el secreto del sumario en el que ya obra un primer atestado
El CIAF tiene la obligación de realizar una investigación técnica siempre que se produzca un accidente ferroviario grave en España. Sobre el papel se recoge su “independencia funcional” con respecto al Gobierno, detallando que su personal no puede “aceptar instrucciones” de ninguna entidad pública o privada. Sin embargo, la Comisión Europea criticó la falta de independencia de este órgano en la investigación del accidente del Alvia de Santiago de Compostela de 2013. El Gobierno reformó la CIAF para reformular su sistema de nombramientos, pero el accidente de Adamuz ha ocurrido sin que el organismo esté renovado.
Tal y como ha quedado plasmado en el informe preliminar firmado el 23 de enero, el presidente de la CIAF otorga al encargado del expediente -actualmente tienen ocho en curso, incluidos el de Adamuz y Gelida- el estatus de autoridad, por lo que tiene acceso al lugar del siniestro, a las pruebas ya las víctimas y testigos. Los próximos pasos en esta investigación, según explican desde la CIAF, pasan por enviar las muestras de carril por las que circulaba el Iryo a un laboratorio metalográfico para encontrar posibles causas de la rotura y para descargar y analizar los registros de los trenes implicados en el suceso. El objetivo final es la redacción de un informe técnico y sus recomendaciones que “en ningún caso”, según la ley, prejuzgarán la decisión que recaiga en la vía judicial.
“Un trabajo procesal importante”
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aseguró ayer que dada la magnitud de la tragedia de Adamuz habrá que hacer “un trabajo procesal importante”, con la labor de hasta tres jueces. En relación al “tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura”, dijo Del Río, indicando que “han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios”, por lo que cree que “el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto”. Mientras, ayer continuaban los trabajos en la zona del accidente centrados en la retirada de los vagones y restos de ambos trenes, para su posterior traslado.
El recorrido en los tribunales acaba de empezar. La Fiscalía se ha negado a que, de momento, se declara el secreto de la causa, en la que obra desde el pasado jueves el primer atestado en el que se incluyen un centenar de hallazgos, acompañados con fotografías y vídeos, además de la declaración del maquinista a los mandos del primer tren siniestrado.
La jueza Cristina Pastor, que tomará las riendas del tribunal de Montoro el 9 de febrero tras obtener su plaza -aunque antes haya cubierto vacantes o sustituciones, como parte del refuerzo que habitualmente se realiza del servicio judicial-, tendrá el apoyo de una jueza de refuerzo, además de tres fiscales para cooperar estrechamente.
La jueza ya ha recibido al menos unas diez denuncias y siete personas por el siniestro ferroviario. Fuentes jurídicas prevén que habrá “un goteo constante” puesto que el choque de trenes ha dejado 45 muertos y 123 heridos.
Otras fuentes explican que la vía del tribunal de instancia puede ampliarse. En caso de que se perciba la posibilidad de una mala gestión por parte del Gobierno, las víctimas podrían querellarse contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y al estar aforado, sería el Tribunal Supremo el encargado de dirimir esos pleitos.
