“Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del DHS han llegado a The Big Easy”, dijo en X la secretaria del DHS, Kristi Noem, al utilizar el popular apodo de la ciudad ubicada en el estado de Luisiana. El presidente Donald Trump había reiterado el martes su intención de enviar militares de la Guardia Nacional a Nueva Orleans (sur), como ya lo ha hecho desde junio en Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), a cada ocasión en contra de la opinión de las autoridades locales democráticas. Trump dijo haber recibido una llamada del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, pidiendo ayuda. El departamento precisó en un comunicado que inicia esta operación “dirigida contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales que están en libertad debido a las políticas de santuario” adoptadas por las autoridades demócratas de Nueva Orleans. Las políticas denominadas “de santuario” adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden local y la policía federal de inmigración, para proteger a los migrantes en situación irregular de posibles deportaciones. La alcaldesa electa de Nueva Orleans, la demócrata Helena Moreno, quien asumirá su cargo el 12 de enero, expresó el miércoles su preocupación por las redadas. “Lo que hemos estado viendo en todo el país y en otras ciudades es que la Patrulla Fronteriza parece apuntar a personas de piel morena y potencialmente violando incluso algunos de sus derechos al debido proceso”, dijo. Un fotógrafo de AFP presentó en el lugar varias detenciones para la mañana en el marco de esta operación. Trump ha convertido la lucha contra la migración irregular en una prioridad absoluta. Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina. Pero según estadísticas no publicadas de la policía federal de inmigración (ICE) obtenidas por expertos del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena. El DHS disputa estas cifras y argumenta que “el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos”.
