Cuando la justicia se debilita, la Academia no puede llamar
La justicia ecuatoriana atraviesa una de sus etapas más complejas. La inseguridad jurídica, la percepción de injerencias externas, el colapso procesal y la desconfianza ciudadana han erosionado la credibilidad de un sistema que debería ser pilar del Estado constitucional de derechos. En este contexto crítico, la Academia está llamada a asumir un rol protagónico, responsable y, sobre todo, activo.
Desde el ámbito académico no basta observar la crisis con distancia intelectual. Las universidades y centros de formación jurídica tienen la obligación ética y social de analizar, cuestionar y aportar soluciones a los problemas estructurales de la justicia. La formación de abogados no puede reducirse a la repetición de normas ni a una visión formalista del derecho. Hoy se requiere una enseñanza que integre el pensamiento crítico, la interpretación constitucional, los derechos humanos y una comprensión real del contexto social ecuatoriano.
La debilidad del sistema judicial no es solo institucional, es también formativa. Operadores del derecho mal preparados, sin criterio jurídico sólido ni sensibilidad social, reproducen prácticas que perpetúan la injusticia: resoluciones mal motivadas, uso desproporcionado de cautelares, desconocimiento de estándares internacionales y una peligrosa normalización del error judicial. Frente a ello, la Academia debe replantear sus métodos de enseñanza y evaluación, priorizando la argumentación, la ética profesional y la responsabilidad pública.
Además, la investigación académica cumple un papel estratégico. Estudios serios sobre funcionamiento de la justicia, análisis de sentencias, evaluación de políticas criminales y propuestas de reforma normativa constituyen insumos indispensables para un debate público informado. Sin datos ni reflexión técnica, la justicia se convierte en terreno fértil para discursos populistas y decisiones improvisadas.
La Academia también actúa como conciencia crítica del sistema. En momentos en que se exige “mano dura” sin respeto al debido proceso, su voz debe recordar que la justicia no es venganza ni espectáculo mediático, sino garantía de derechos y equilibrio democrático. Guardar silencio equivale a convalidar el deterioro institucional.
En definitiva, la recuperación de la justicia ecuatoriana no será posible sin una Academia comprometida con la verdad, la ética y la transformación social. En tiempos de crisis, enseñar, investigar y cuestionar no es neutralidad: es una forma concreta de defender la democracia y el Estado de derecho.
Elio Roberto Ortega Icaza
