El título de esta carta son palabras del defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, sobre la triste realidad de los jubilados argentinos. De los casi 6 millones que cobran la mínima afirmó que apenas representa la cuarta parte de la canasta básica cuando se incorporan entre otros los gastos de vivienda que no contempla el Indec.
Comparto lo que expresa Semino y agregado que según datos oficiales LLA recibió en diciembre de 2023 una mínima de $ 160.713 ya enero de 2026 la llevó a $ 419.299 bono incluido. Un ajuste del 160,9% para una inflación de ese período hasta diciembre de 2025 del 259,4% (Indec). Es decir que la mínima para guardar su valor hoy debería ser de $ 577.602. El mismo Ministerio de Capital Humano corrobora que el promedio de todas las jubilaciones ($ 615.881) representa solo el 38% del promedio de los sueldos en actividad ($ 1.611.851).
No le carguemos la culpa solo a este gobierno. El desprecio a los viejos viene de lejos. De a poco la política nos ha invisibilizado como las cosas que no se quieren mostrar y se ocultan bajo la alfombra. Ni siquiera se ocuparon por reestructurar un sistema previsional que se cae a pedazos, aunque más no sea para darles una esperanza a los jubilados que vendrán. Tal como ocurre con la educación y la salud tanto el Gobierno como la oposición ignoran también las obligaciones que exige la Constitución Nacional con los adultos mayores. Quizás un día alguien rescate esa Constitución, la desempolve y la use para gobernar con justicia. Porque, aunque nos quieran vender que la libertad avanza, los viejos bien sabemos que sin justicia no existe libertad. Busquemos sinónimos de indigna, hay muchos. Cualquiera sirve para calificar a la política autóctona con los jubilados argentinos.
Matías Aníbal Rossi matiasrossi2014@gmail.com
En un proceso donde el juez federal decidió declararse incompetente ordenando archivar las actuaciones ya que la parte actora podía iniciar nuevamente la demanda de justicia ordinaria, provocó que la actora apelara poniendo de manifiesto que en el trámite se hizo lugar a una declinatoria. Esto es, “un mecanismo o excepción procesal utilizado por el demandado y partes legítimas para impugnar la jurisdicción o competencia del tribunal ante el que se presentó una demanda” (Google IA, 2026) disponiendo el archivo del expediente. La apelante afirmó que no se podía archivar pues el expediente debía seguir su curso procesal en atención que ya había sido impugnada la demanda correspondiendo únicamente la apertura a prueba de la causa, fundamentando que era una mujer mayor de 80 años que requería una sentencia en tiempo razonable. Así, se afirma que “el acceso a la justicia de una mujer de 80 años (…) nos impone atender el impacto del transcurso del tiempo, que se constituye en característica esencial del pronunciamiento judicial. Ello resulta inescindible del trato diferenciado y preferencial que debe dispensarse a las personas mayores” (www.diariojudicial.com). Por lo dicho la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea sostuvo que si bien la opción del archivo está contemplada en el art. 354 inc. 1 del CPCCN, respetando la mayor agilidad que requiere el caso corresponde que el juez de grado remita lo accionado a la jurisdicción pertinente para mayor celeridad del proceso. La Cámara concluyó que se impone acelerar el curso de la actuación, esto es atender el impacto del transcurso del tiempo de conformidad del trato diferenciado y preferencial que corresponde otorgar a las personas mayores (Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores, aprobada por la SCBA), siendo aplicable el estándar específico y más exigente de la garantía razonable evitando retrotraer etapas ya cumplidas.
Dr. Héctor Luis Manchini hectormanchini@gmail.com
En una carta el Sr. Castello dice que cuando uno se jubila puede reaccionar con alegría, dudas o desazón. Yo, con dudas. Hace 30 días terminé mi relación laboral, luego de 69 años de trabajar (tengo 87) siempre en blanco, pagando los aportes. En 2006 me jubilé como activo, con una magra remuneración dada que lo hice como Autónomo, trabajando como médico en una prestigiosa clínica de CABA. En 2007 ingresé como médico Auditor en una obra social y como estaba en relación de dependencia tuve los beneficios (aguinaldo, vacaciones, cobertura médica) y también las obligaciones: pago de Ganancias y lo que estipula la Ley 24241, Art. 34, inc. 2, de 1993. Esta ley obliga al prestador a retener el 11% del salario de todo aquel jubilado que continúa trabajando y esa importación ingresa en el Fondo Nacional del Empleo (FNE). Durante 216 meses aporté el 11% de mi salario y mi jubilación no mejoró en nada, dado que dicha ley dice que ese aporte no incrementa mi remuneración. En busca de alguna contraprestación consulté en la Secretaría de Trabajo de CABA y la abogada me dijo que no tenía antecedentes al respecto y me pidió 48 horas para darme una respuesta certera. La respuesta fue que la ley no contempla contraprestación. Pese a ello me dirigí a la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde me aconsejaron consultar al sector legal. Fui atendido por una abogada que también me dijo no tener antecedentes del caso y otra colega me confirmó que no hay contraprestación. Le confesé que me sentía lo que la RAE considera un adjetivo coloquial, sinónimo de tonto, ingenuo, sin sentido. Muy respetuosa la abogada me consoló diciéndome que era un ejemplo lo mío (tanto años de trabajo y siempre en blanco), entonces le dije qué calificativo usaría para definirme y me respondió: “Un benefactor social”. Mis próximos pasos serán hablar con alguno de los legisladores que se ocupan de los jubilados y con el defensor de la Tercera Edad, con la esperanza de que pueda modificarse la ley y que otros jubilados no se vean afectados por el descuento del 11% o que obtengan alguna contraprestación económica al finalizar su relación laboral.
Osvaldo Mezzotero omezzotero@intramed.net
