Ni la despoblación ni la vivienda, dos de los grandes problemas que preocupan a los aragoneses. En el debate cara a cara celebrado del lunes con su rival socialista, Pilar Alegría, el actual presidente de Aragón y candidato del PP a los cómicos, Jorge Azcón, mencionó hasta en siete ocasiones al “independentismo catalán”. Su uso fue más frecuente que las referencias a las tres juntas provinciales aragonesas o al resto de partidos –PSOE aparte- que concurren a las urnas.
No fue algo casual. Desde que se hizo pública la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y Esquerra Republicana, el Partido Popular lo esgrime como caso bello contra el Ejecutivo en pleno carrusel de comicios autonómicos. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, escenificó hace dos semanas desde Zaragoza el frente común de sus barones contra la “cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos”. Azcón tampoco pierde oportunidad de cargar contra un sistema que considera “injusto, desigual e insolidario” para el resto de comunidades, sobre toda la suya. “Mientras usted se arrodilla ante los independentistas, yo defendiendo a Aragón”, le dijo a Alegría en el momento álgido del debate.
La politóloga Cristina Monge asegura que Aragón y Catalunya siempre han mantenido una estrecha relación, sin exenta de “diferencias” o “piques entre vecinos”. Desde hace décadas, miles de aragoneses han abandonado su tierra para estudiar o buscar oportunidades laborales en el noreste peninsular. Los intercambios comerciales de ida y vuelta alcanzan cifras históricas (18.269 millones de euros, con Catalunya como principal cliente de las exportaciones aragonesas), mientras que convenios como el de asistencia sanitaria en urgencias en la zona limítrofe o de cooperación empresarial se acercan a sus habitantes.
Pero esa relación de buena vecindad no empapa lo político. Con agravios que vienen de lejos, como las protestas por los trasvases de agua del Ebro a Catalunya o la transferencia de energía producida en Aragón –antes con las hidroeléctricas del Pirineo, ahora de fuentes renovables- a la industria catalana, el punto de inflexión llegó con el proceso. “Se empezó a articular un discurso muy beligerante”, asegura Monge sobre la gestión del expresidente Javier Lambán (2015-2023), que reconocía detestar al independentismo y lo atacaba sin contemplaciones. “Fue una oportunidad perdida. En vez de actuar como bisagra para llegar a acuerdos, optó por lo contrario”, añade Monge.
Con el ambiente ya crujiente, ni el fiasco de la candidatura conjunta para organizar entre ambas comunidades los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 ni los discursos excluyentes –y en ocasiones hirientes- provenientes del flanco catalán ayudaron a enderezar la situación.
Tampoco lo hizo la llegada al poder de Azcón, que ha hecho de la confrontación con Catalunya uno de los principales ejes de su política, sea a cuenta de la política energética, la ley de amnistía, el reparto de menores migrantes o el contencioso legal por las pinturas murales de Sijena. “Utiliza el anticatalanismo como herramienta para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez”, apunta Monge. Una estrategia que, cree, exacerbará para confrontar con la exministra Alegría, muy significativa con el Ejecutivo central. “Irá a más”, pronóstico.
Elecciones
Incertidumbre en la Academia Aragonesa de la Lengua por el resultado electoral
La llegada del gobierno PP-Vox al poder de Aragón en 2023 supuso un terremoto en el ámbito de la lengua catalana en la comunidad. Entre sus primeras medidas estuvo la supresión de la dirección general de Política Lingüística, cuyas funciones se diluyeron en la consejería de Presidencia, Interior y Cultura, o acabar con la subvención nominativa de 20.000 euros que percibía la Academia Aragonesa de la Lengua (que cuenta con el Instituto de l’Aragonés y el Institut Aragonès del Català). “En Aragón no se habla catalán”, declaraba tajante Azcón nada más comenzando el año 2024.
Pero tras la tempestad llegó la calma. Con la salida de Vox del Ejecutivo en verano, las prioridades populares cambiaron, e incluso negaron su apoyo a los ultras en su intento por eliminar en las Cortes el reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias de la comunidad. “Desde entonces, no hay ninguna novedad, ni para bien ni para mal”, cuenta Javier Giralt, presidente de la citada academia, que sigue funcionando gracias a una subvención de 50.000 euros del Ministerio de Cultura.
En esta campaña electoral, la cuestión del catalán está pasando desapercibida, pero eso no quiere decir que no vuelva a la primera línea de fuego si se reedita un pacto de Gobierno entre las dos derechas, tal y como sugieren las encuestas. “Hay incertidumbre. Tememos lo que pueda exigir Vox al respecto y hasta dónde está dispuesto a ceder el PP”, apunta.
